"El Gobierno Nacional ha declarado esta noche el Estado de Conmoción Interior para el tema de la justicia"[1]. Con estas palabras, la noche del jueves 9 de octubre, el gobierno de Álvaro Uribe decretó el Estado de Conmoción Interior, según se dijo, para hacer frente a la "grave" situación judicial en que supuestamente se sumía el país con el paro convocado por los trabajadores del sector judicial, agrupados en el sindicato ASONAL. El mismo presidente que se ha caracterizado por sus constantes ataques a la Corte Suprema, que ha hecho todo cuanto ha podido por obstruir el libre ejercicio del Poder Judicial y que ha buscado por todos los medios a su disposición garantizar la impunidad para sus aliados sindicados de vínculos con el paramilitarismo (cómplices y cerebros de delitos de lesa humanidad), se encargó de pintar ante las cámaras un panorama casi apocalíptico en el que miles de "desadaptados" quedaban libres en las calles por la "indolencia" de los trabajadores judiciales. El mismo presidente que impulsa una reforma que refuerza su control sobre el Poder Judicial y busca la impunidad de los parapolíticos, a la vez que sabotea abiertamente la ley de reparación a las víctimas del conflicto armado que se discute en el Senado, súbitamente, se convirtió en el paladín de la Justicia.
Recordemos que el Estado de Conmoción Interna es una figura creada en la Constitución de 1991 como una manera de limitar el excesivo uso que se había hecho en el pasado del Estado de Excepción (entre 1970 y 1991, se vivieron 17 años bajo Estado de Excepción)[2]. Es una forma de Estado de Emergencia, la cual debe ser ratificada por la Corte Constitucional colombiana, la cual, estando cooptada por sectores uribistas, es claro que seguirá las órdenes del patrón y decretará emergencia por 90 días, prorrogables por dos períodos idénticos[3]. Sin embargo, mientras la Corte Constitucional delibera, lo que puede tardar más de un mes, el decreto rige. En este caso particular, la excusa para el decreto es la necesidad de entregar al gobierno la posibilidad de reemplazar funcionarios del sector judicial e impedir que personas procesadas salgan en libertad por vencimiento de términos, todo con vista a evitar el supuesto panorama apocalíptico que enfrenta Colombia debido al paro, según el gobierno.
Pero la realidad es que el decreto se ha utilizado como un mecanismo para quebrar la huelga de ASONAL, hecho reconocido por los mismos comentaristas de la prensa oficial "Por supuesto, será la Corte Constitucional la que determine si esta facultad está ajustada a los requerimientos de un estado de conmoción interior. Pero ese control de constitucionalidad apenas llegará en unos meses, cuando ya los decretos hayan sido aplicados y la huelga haya terminado por ello mismo. Con lo cual, estamos frente a un atajo para eludir las normas existentes para tramitar la pretendida ilegalidad de la huelga en un servicio público como es la justicia (...) Difícil será defender ante la comunidad internacional, tan preocupada como está por los derechos fundamentales de los sindicalistas colombianos, este pretendido consenso para aplacar una huelga con mecanismos excepcionales de orden público"[4].
El Estado de emergencia decretado es una manera de usar la represión en contra de los trabajadores, de igual manera que cómo se ha utilizado la represión de mano del ESMAD ante todos los conflictos sociales que han venido reventando en los últimos meses, uno tras otro, en Colombia. Se demuestra a los extremos a los que el gobierno puede llegar para sofocar a un movimiento que sencillamente exige un aumento salarial según lo determinado por la ley. Y no ha tardado la represión en hacerse sentir: ya comenzaron las investigaciones disciplinarias en contra de los empleados en paro[5]. Estas investigaciones, es innecesario aclarar, buscan romper la unidad del movimiento, intimidar a los trabajadores y buscar que, mediante la práctica del chivo expiatorio, se logre que los trabajadores retomen sus labores a la mala. Lo único que puede garantizar la victoria de los trabajadores en un conflicto laboral es la unidad: sembrar el pánico y despertar el "instinto de supervivencia" individual ante la posibilidad de represalias, es una manera de romperla.
Esta medida representa, además, otro paso para reforzar el control del Ejecutivo sobre el poder judicial, con quien hace ya un año que no deja de enfrentarse. Y también es una manera de reforzar el pie de fuerza de Uribe en el camino a la dictadura manifiesta que se ha ido consolidando en Colombia. Una dictadura que, dicho sea de paso, está descaradamente al servicio del gran capital. En realidad, esta medida no fue decisión de Uribe, sino que se actuó siguiendo instrucciones precisas del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, importante empresario del grupo Aval, dejando bien en claro donde reposa el poder en Colombia y cuáles son los intereses que se defienden obedientemente desde el Estado[6]. Esta claro, además, que el Estado de emergencia, que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo, no será una medida pasajera: esto va mucho más allá del paro y se pretende aplicar en dos fases hasta el 2010, según el mismo ministro del interior y justicia, Fabio Valencia Cossio[7]. Autoritarismo y Luchas Populares
El Estado de Conmoción es una respuesta totalitaria a un escenario nada alentador para Uribe y los grandes capitalistas detrás de él: los conflictos laborales se multiplican, con USO en huelga, con ASONAL y los corteros de caña en el Valle dando una dura lucha por un mes, hay conflictos por la vivienda, el gobierno enfrenta una crisis al interior del mismo Estado por la parapolítica, la yidispolítica y por los roces con la Corte Suprema, y ahora encima, se suma la crisis económica que golpeará duramente a Colombia. El escenario no es fácil y se necesitará de la mano de hierro para controlar tan explosiva situación. Pero el recurso autoritario y el uso desproporcionado de fuerza para reprimir el paro, no dejarán de causar dificultades en el mismo seno del bloque dominante. De hecho, ya el propio Consejo de Estado expresó su desacuerdo con la medida, a la cual calificó de apresurada e inadecuada[8].
Los trabajadores de ASONSAL, tras analizar la situación y deliberar, decidieron no bajarse del paro, lo cual es una decisión extremadamente valiente pese a las dificultades que se imponen por delante[9]. Así que hay paro hasta que no se responda a la demanda de aumento salarial legal de los trabajadores ahora, y no en marzo del 2009 como Uribe ha propuesto[10]. Junto a los corteros de caña y otros sectores populares, está semana responderán a la medida con más movilización. Como dijo el vocero de los trabajadores, estas decisiones refuerzan la voluntad de los trabajadores. Que así sea, y que se propicie la mayor convergencia de sectores populares para evitar un nuevo paso hacia la dictadura manifiesta.
Es difícil prever los alcances que esta medida tendrá, pero está claro que se siguen ajustando los mecanismos de la dictadura de un Ejecutivo hipertrofiado, sin contrapesos, y con un Estado militarizado. Sabemos que Uribe tratará de sacar el máximo provecho posible de esta situación, en momentos en que si bien la oligarquía colombiana se encuentra en una franca ofensiva en contra de la clase trabajadora, también está desgastándose a un ritmo vertiginoso y está empezando a evidenciarse profundas grietas en su seno. Es hora de que el pueblo, el cual aún está en una situación defensiva, desarticulado y golpeado por la ola represiva y por el genocidio paramilitar de los últimos veinte años, dé la lucha, con las fuerzas que tiene, de manera realista pero sin pesimismo, y buscando las posibilidades que le permitan el retomar la ofensiva. Vacilar, en estos momentos, equivale a auto-imponerse una derrota. Es necesario que se propicie la unidad de las diversas expresiones del movimiento popular, desde abajo, con vista a la necesaria lucha conjunta para lograr todo cuanto se pueda lograr en este momento para así recuperar terreno perdido para los sectores populares.
Desde esta tribuna hemos seguido la deriva autoritaria del régimen uribista. Desde esta tribuna hemos apostado por la convergencia del pueblo colombiano hacia un proyecto social de transformación profunda. Desde esta tribuna alentamos hoy, sin ninguna vacilación, la lucha del pueblo en contra del Estado de emergencia impuesto por la dictadura de fachada democrática que ha establecido Álvaro Uribe Vélez. Y desde esta tribuna llamamos también a la solidaridad nacional e internacional con los sindicatos en huelga que han dado un ejemplo de valor y dignidad a todo el pueblo latinoamericano.¡Abajo el Estado de Emergencia! ¡Solidaridad con los trabajadores judiciales y con los corteros de caña! ¡Apoyar la resistencia popular contra este modelo autoritario! José Antonio Gutiérrez D.13 de Octubre del 2008
Recordemos que el Estado de Conmoción Interna es una figura creada en la Constitución de 1991 como una manera de limitar el excesivo uso que se había hecho en el pasado del Estado de Excepción (entre 1970 y 1991, se vivieron 17 años bajo Estado de Excepción)[2]. Es una forma de Estado de Emergencia, la cual debe ser ratificada por la Corte Constitucional colombiana, la cual, estando cooptada por sectores uribistas, es claro que seguirá las órdenes del patrón y decretará emergencia por 90 días, prorrogables por dos períodos idénticos[3]. Sin embargo, mientras la Corte Constitucional delibera, lo que puede tardar más de un mes, el decreto rige. En este caso particular, la excusa para el decreto es la necesidad de entregar al gobierno la posibilidad de reemplazar funcionarios del sector judicial e impedir que personas procesadas salgan en libertad por vencimiento de términos, todo con vista a evitar el supuesto panorama apocalíptico que enfrenta Colombia debido al paro, según el gobierno.
Pero la realidad es que el decreto se ha utilizado como un mecanismo para quebrar la huelga de ASONAL, hecho reconocido por los mismos comentaristas de la prensa oficial "Por supuesto, será la Corte Constitucional la que determine si esta facultad está ajustada a los requerimientos de un estado de conmoción interior. Pero ese control de constitucionalidad apenas llegará en unos meses, cuando ya los decretos hayan sido aplicados y la huelga haya terminado por ello mismo. Con lo cual, estamos frente a un atajo para eludir las normas existentes para tramitar la pretendida ilegalidad de la huelga en un servicio público como es la justicia (...) Difícil será defender ante la comunidad internacional, tan preocupada como está por los derechos fundamentales de los sindicalistas colombianos, este pretendido consenso para aplacar una huelga con mecanismos excepcionales de orden público"[4].
El Estado de emergencia decretado es una manera de usar la represión en contra de los trabajadores, de igual manera que cómo se ha utilizado la represión de mano del ESMAD ante todos los conflictos sociales que han venido reventando en los últimos meses, uno tras otro, en Colombia. Se demuestra a los extremos a los que el gobierno puede llegar para sofocar a un movimiento que sencillamente exige un aumento salarial según lo determinado por la ley. Y no ha tardado la represión en hacerse sentir: ya comenzaron las investigaciones disciplinarias en contra de los empleados en paro[5]. Estas investigaciones, es innecesario aclarar, buscan romper la unidad del movimiento, intimidar a los trabajadores y buscar que, mediante la práctica del chivo expiatorio, se logre que los trabajadores retomen sus labores a la mala. Lo único que puede garantizar la victoria de los trabajadores en un conflicto laboral es la unidad: sembrar el pánico y despertar el "instinto de supervivencia" individual ante la posibilidad de represalias, es una manera de romperla.
Esta medida representa, además, otro paso para reforzar el control del Ejecutivo sobre el poder judicial, con quien hace ya un año que no deja de enfrentarse. Y también es una manera de reforzar el pie de fuerza de Uribe en el camino a la dictadura manifiesta que se ha ido consolidando en Colombia. Una dictadura que, dicho sea de paso, está descaradamente al servicio del gran capital. En realidad, esta medida no fue decisión de Uribe, sino que se actuó siguiendo instrucciones precisas del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, importante empresario del grupo Aval, dejando bien en claro donde reposa el poder en Colombia y cuáles son los intereses que se defienden obedientemente desde el Estado[6]. Esta claro, además, que el Estado de emergencia, que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo, no será una medida pasajera: esto va mucho más allá del paro y se pretende aplicar en dos fases hasta el 2010, según el mismo ministro del interior y justicia, Fabio Valencia Cossio[7]. Autoritarismo y Luchas Populares
El Estado de Conmoción es una respuesta totalitaria a un escenario nada alentador para Uribe y los grandes capitalistas detrás de él: los conflictos laborales se multiplican, con USO en huelga, con ASONAL y los corteros de caña en el Valle dando una dura lucha por un mes, hay conflictos por la vivienda, el gobierno enfrenta una crisis al interior del mismo Estado por la parapolítica, la yidispolítica y por los roces con la Corte Suprema, y ahora encima, se suma la crisis económica que golpeará duramente a Colombia. El escenario no es fácil y se necesitará de la mano de hierro para controlar tan explosiva situación. Pero el recurso autoritario y el uso desproporcionado de fuerza para reprimir el paro, no dejarán de causar dificultades en el mismo seno del bloque dominante. De hecho, ya el propio Consejo de Estado expresó su desacuerdo con la medida, a la cual calificó de apresurada e inadecuada[8].
Los trabajadores de ASONSAL, tras analizar la situación y deliberar, decidieron no bajarse del paro, lo cual es una decisión extremadamente valiente pese a las dificultades que se imponen por delante[9]. Así que hay paro hasta que no se responda a la demanda de aumento salarial legal de los trabajadores ahora, y no en marzo del 2009 como Uribe ha propuesto[10]. Junto a los corteros de caña y otros sectores populares, está semana responderán a la medida con más movilización. Como dijo el vocero de los trabajadores, estas decisiones refuerzan la voluntad de los trabajadores. Que así sea, y que se propicie la mayor convergencia de sectores populares para evitar un nuevo paso hacia la dictadura manifiesta.
Es difícil prever los alcances que esta medida tendrá, pero está claro que se siguen ajustando los mecanismos de la dictadura de un Ejecutivo hipertrofiado, sin contrapesos, y con un Estado militarizado. Sabemos que Uribe tratará de sacar el máximo provecho posible de esta situación, en momentos en que si bien la oligarquía colombiana se encuentra en una franca ofensiva en contra de la clase trabajadora, también está desgastándose a un ritmo vertiginoso y está empezando a evidenciarse profundas grietas en su seno. Es hora de que el pueblo, el cual aún está en una situación defensiva, desarticulado y golpeado por la ola represiva y por el genocidio paramilitar de los últimos veinte años, dé la lucha, con las fuerzas que tiene, de manera realista pero sin pesimismo, y buscando las posibilidades que le permitan el retomar la ofensiva. Vacilar, en estos momentos, equivale a auto-imponerse una derrota. Es necesario que se propicie la unidad de las diversas expresiones del movimiento popular, desde abajo, con vista a la necesaria lucha conjunta para lograr todo cuanto se pueda lograr en este momento para así recuperar terreno perdido para los sectores populares.
Desde esta tribuna hemos seguido la deriva autoritaria del régimen uribista. Desde esta tribuna hemos apostado por la convergencia del pueblo colombiano hacia un proyecto social de transformación profunda. Desde esta tribuna alentamos hoy, sin ninguna vacilación, la lucha del pueblo en contra del Estado de emergencia impuesto por la dictadura de fachada democrática que ha establecido Álvaro Uribe Vélez. Y desde esta tribuna llamamos también a la solidaridad nacional e internacional con los sindicatos en huelga que han dado un ejemplo de valor y dignidad a todo el pueblo latinoamericano.¡Abajo el Estado de Emergencia! ¡Solidaridad con los trabajadores judiciales y con los corteros de caña! ¡Apoyar la resistencia popular contra este modelo autoritario! José Antonio Gutiérrez D.13 de Octubre del 2008
