Alberto Fujimori está en el banquillo de los acusados y vive el interminable drama de oír tres veces por semana a quienes lo acusan de ser el responsable mediato de los asesinatos en Barrios Altos y en la universidad de la Cantuta. Miente cuando repite la misma letanía: “yo no fui, soy inocente, no di orden alguna de matar a nadie, no recuerdo, ya tengo 69 años, en ese tiempo yo no leía periódicos ni la revista Caretas, yo soy responsable de la victoria contra Sendero Luminoso, de la paz y del crecimiento económico del país”.
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Queda muy poco del arrogante presidente que decía tener todo bajo control, que lucía como un súper policía y héroe paseando con chaleco antibalas entre los cadáveres de los guerrilleros del MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima. Parece que del aparente “estratega” que planificaba y ganaba todas sus batallas no queda nada, se le ve envejecido, asustado y a veces aterrado de sólo pensar en el fracaso de su defensa y una condena de 30 años. Su abogado y él siguen el libreto hasta ahora bien aprendido: “yo no fui, soy inocente, no di orden alguna de matar a nadie, no recuerdo, ya tengo 69 años, en ese tiempo yo no leía periódicos ni la revista caretas, no puedo responder, yo soy responsable de la victoria contra Sendero Luminoso, de la paz y del crecimiento económico del país”.Tiene sin duda muchos amigos de gran poder entre los empresarios, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, el poder judicial y los partidos políticos.
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Cuando salió de Japón rumbo a Chile, esperaba que sus amigos chilenos le permitirían quedarse libre unos días en Santiago y aprovechar de ese apoyo para cruzar la frontera peruana, emprendiendo una larga marcha hasta Lima. Soñaba que una caravana formada por miles de sus seguidores y clientes lo protegería y llegaría a Lima como los comandantes y comandantas zapatistas que en 2001 recorrieron parte del territorio mexicano y llegaron al distrito federal sin que el ejército y los jueces pudiesen impedirlo. El ciudadano peruano y japonés alucinaba que las multitudes lo llevarían nuevamente a la presidencia y de ese modo concluiría su pesadilla. El gran “estratega” se estrelló con la realidad. Tuvo que estar preso más de un año, en mansiones de lujo, esperando que la justicia chilena rechazase el pedido peruano de extradición.
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Entre tanto, ideó un plan B. Quiso volver victorioso a Japón, elegido senador en una lista de la extrema derecha prometiendo, como ciudadano japonés, “consagrar su vida” a favor de su viejo y nuevo país. Perdió rotundamente en las elecciones. Esa nueva y ridícula aventura política no lo salvó de la extradición. Le tocó recibir un golpe más duro, hasta ese momento: la Corte Suprema chilena ordenó su extradición a Lima con un poderoso argumento: los indicios son suficientes para acusarlo de responsabilidad mediata en crímenes de lesa humanidad. Regresó a Lima en un avión, preso. Sin numerosas pastillas no podría hacerle frente a su situación.
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No se encontrará un documento con la firma del ciudadano japonés ordenando matar, pero los indicios y evidencias de su responsabilidad se multiplican. En las primeras cuarenta sesiones de su largo juicio han desfilado muchos de los militares. Ya no es posible negar la existencia del comando Colina. Lo aceptan el propio Fujimori y su abogado. Ahora se trata de seguir mintiendo con el cinismo más grande del mundo para hacernos creer que Fujimori, el general Nicolás De Bari Hermosa, el ex capitán Vladimiro Montesinos y otros oficiales superiores, no sabían nada de los crímenes que un comando del ejército cometía con toda impunidad.
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Martín Rivas, mayor retirado del ejército peruano, jefe del ¨destacamento Colina¨ que asesinó del modo más salvaje imaginable a quince personas, entre ellos un niño de ocho años en Barrios Altos y a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad de Educación La Cantuta, y a otra decenas de personas más en otros crímenes debidamente registrados y probados, declaró al periodista Umberto Jara: “… se requiere de la orden presidencial, porque una guerra clandestina tiene un costo político y el gobernante debe estar dispuesto a asumirlo con tal de ganar la guerra contra el terrorismo. Si los militares actuásemos por nuestra cuenta, apenas se presentan los reclamos por los actos de esa guerra clandestina, el presidente de la República ordenaría nuestra baja y encarcelamiento. ¿Por qué Fujimori no hizo eso?”.
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La cuestión de fondo es muy sencilla: Fujimori era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No requerimos de astucia alguna para saber que ningún capitán sería capaz de organizar por su cuenta un pelotón clandestino para asesinar a los adversarios políticos del jefe supremo de las fuerzas armadas. Rivas y sus hombres tuvieron el apoyo debido de su ejército en armas, municiones, dinero, disponibilidad de vehículos, salarios especiales, ascensos, puestos fuera del país con salarios internacionales, en algunos casos con identidades cambiadas, compensaciones de decenas de miles de dólares por aceptar una prisión temporal que sería seguida de una amnistía acordada por el presidente Fujimori y el Congreso de la República.
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De dos cosas una: aceptamos que Fujimori y los jefes es de las fuerzas armadas eran unos angelicales ingenuos que no sabían nada de lo que pasaba en su ejército y que el responsable de todo era un simple capitán, o el ex presidente del Perú y sus grandes jefes mienten para evadir sus responsabilidades. Si mienten y culpan a Martín Rivas y otros oficiales y suboficiales, lo menos que puede decirse de ellos es que actúan con cobardía. Al llegar a este punto, el razonamiento que sigo toca otro problema de fondo, demasiado grave y al mismo tiempo frágil como una copa de cristal: si las fuerzas armadas peruanas tienen jefes como ellos ¿qué se puede esperar? Ya sabemos que se enseña con el ejemplo y que las palabras y los discursos sirven para muy poco. ¿Qué ejemplo dan a sus oficiales y soldados cuando el jefe supremo y sus generales se esconden entre los pantalones de sus capitanes? La respuesta podría ser muy simple: “en situaciones parecidas, escóndanse como nosotros”. Si así fuera, la pregunta inevitable sería ¿qué hicimos las peruanas y peruanos para merecer jefes militares como ésos?
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El mayor Rivas en su declaración dijo que no dijo lo que dijo, que él no recibió orden alguna de su jefe supremo y sus generales, que no sabe nada y se ampara en su derecho de callar. Volvemos a lo mismo de siempre porque la cobardía de los jefes no es una historia que comienza con Fujimori, Hermosa Ríos y Rivas. Es un viejo dato de la historia peruana desde hace muchos siglos.
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Detrás de todos estos episodios se esconde un principio de lealtad y un reconocimiento secreto de algunos supuestos héroes en las fuerzas armadas. El mayor Rivas está convencido de su lealtad al ejército, cree que ha cumplido un patriótico deber con el país. Esa lealtad es considerada como una secreta virtud digna de admiración a pesar de los asesinatos. Lo mismo ocurre con Agustín Mantilla, ex secretario general del partido aprista peruano, secretario privado del presidente Alan García en su primer gobierno, 1985-1990, y jefe del comando “Rodrigo Franco”, cuya existencia ha sido aceptada por el propio Fujimori. Ese personaje fue actor estrella en uno de los centenares de videos de la época fujimorista en el que aparece recibiendo un paquete de miles de dólares de manos de Vladimiro Montesinos. Luego, se detectó y probó que Agustín Mantilla tuvo una cuenta de varios millones de dólares en un banco del extranjero. No soltó prenda alguna sobre el origen y uso de ese dinero. Cargó con la responsabilidad personal, fue condenado a algunos años de cárcel y el Apra, su partido, lo expulsó para salvar las apariencias. Ya libre en calles de Lima se considera un ejemplo de militante aprista, sacrificado en bien de su partido. Cuentan que su prestigio interno es muy grande !Qué país el nuestro!
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Lo avanzado en el juicio hasta hoy, es suficiente para saber que la montaña de indicios y evidencias contra Fujimori, Hermosa Ríos y Montesinos, es inmensa.
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Si los jueces peruanos toman en cuenta los argumentos de la Corte Suprema chilena y suman los centenares de testimonios en contra - ya conocidos y nuevos- deberían confirmar los 30 años de cárcel que pide la fiscalía. Si aceptan el argumento de la defensa –“no hay una orden escrita firmada por Fujimori”- podrían absolverlo. El desafío histórico para ellos es muy grande. Fujimori no está vencido aún y espera seguramente recibir el apoyo de sus poderosos aliados para evitar su última derrota.
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Si el pueblo peruano tuviese la oportunidad de seguir el juicio por la televisión y radio nacionales, nuestra conciencia cívica se multiplicaría, lo mismo que nuestra decisión de no volver a permitir que una historia como la de los asesinos del “Comando Colina” se repita. El presidente Alan García tendrá sus buenos motivos para evitar que el juicio al Sr. Fujimori sea visto y oído a través del Canal 7 y la estación de Radio Nacional.
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por: Rodrigo Montoya Rojas
