LOS 7 HIJOS DEL PUEBLO PERUANO SE DECLARAN EN HUELGA DE HAMBRE

LOS 7 HIJOS DEL PUEBLO PERUANO
SE DECLARAN EN HUELGA DE HAMBRE HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
UNIDAD PARA LIBERARLOS DE ESTE ABSURDA E IMPUNE SECUESTRO DEL APRA-FUJIMONTECINISMO-UN

PRONUNCIAMIENTO

Las organizaciones populares, sindicales, políticas, culturales, gremiales y estudiantiles de la región de Junín manifestamos al Pueblo Peruano y a la Comunidad Internacional lo siguiente:
Que en el gobierno del delincuente Alan García Pérez las organizaciones populares y el pueblo en general han tenido que enfrentar las políticas neoliberales y la represión brutal que el gobierno ha implementado y que viene aplicando hacia el pueblo organizado.

El gobierno desconociendo sus promesas de generar un cambio a favor del pueblo peruano, incumpliendo sus promesas de la eliminación de la renta básica, el poner un impuesto a la sobre ganancias mineras, la eliminación o mayor regulación de las servis, no solo lo ha incumplió sino por el contrario este gobierno esta gobernado para la derecha y las transnacionales y producto de estas medidas los diferentes sectores del pueblo salen a demostrar su descontento contra las políticas económicas, como es el aumento del costo de vida, contra la tentativa de concesión de el patrimonio cultural y la tentativa de vender grandes concesiones de terrenos de nuestra amazonia, y el gobierno al no encandilar a la gente con sus promesas y populismo recurre a la represión como es el caso de las cuatro víctimas de la represión policial en el Paro Nacional Agrario del 18 y 19 de febrero, convocado y realizado por gremios campesinos y organizaciones indígenas como CONACAMI, CCP Y CNA, junto con la declaratoria del estado de emergencia y la orden de intervención de las fuerzas armadas, son una trágica prueba de la sistemática política de criminalizació n y militarizació n que desarrolla el Gobierno del señor Alan García Pérez, que solo sabe responder con el agravio y la violencia a todas las demandas de la sociedad civil.

Lo hizo antes con la huelga de los maestros y con las movilizaciones regionales. Y en un intento por institucionalizar y legalizar su política de criminalizació n, ha construido un marco legal represivo y entreguista, del cual forman parte los once decretos legislativos de julio del año pasado, y los proyectos de ley destinados a brindar todas las facilidades a las empresas transnacionales para el saqueo de nuestros recursos naturales.

Entre los decretos legislativos de criminalizació n destacan dos particularmente graves: uno que otorga a los policías y militares "licencia para matar" en manifestaciones públicas, pues señala que no podrán ser procesados si lo hacen en ejercicio de sus funciones, mientras que sí pueden ser juzgados y condenados en el caso de torturas y maltrato físico a los detenidos. Y el otro, aquel que castiga con prisión efectiva a los alcaldes, regidores y presidentes regionales que participen en actos de protesta.

Esta criminalizació n es exigida por el proyecto económico neoliberal, no solo continuado sino también profundizado por el gobierno aprista, que nuevamente se mancha las manos de sangre en su afán por entregar nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales. Allí están, para probarlo, tres peligrosos proyectos de ley: el primero, que pretende expropiar territorios comunales; el segundo, llamado "ley de la selva", para concesionar el gas, el petróleo y los recursos forestales; y el tercero para otorgar las aguas a las compañías privadas, principalmente extranjeras.

Con este marco, toda acción de protesta de la sociedad civil en pleno ejercicio de sus derechos es calificada como antidemocrática, cuando se trata de todo lo contrario, de exigir el pleno respeto del Estado de Derecho y exigir sus derechos vulnerados., Mientras tanto, el gobierno de García se llena la boca para hablar del crecimiento económico y los supuestos beneficios de los acuerdos comerciales firmados y en negociación, cuando es más que evidente que ni el uno ni los otros traen beneficio alguno a las comunidades indígenas y campesinas ni a los pequeños agricultores. Por el contrario, solo acrecientan las ganancias de las grandes empresas y ensanchan las brechas sociales al profundizar la pobreza y la exclusión.

Ese gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos, no ha hecho otra cosa que satanizar y agredir a la Cumbre Social de los Pueblos y a las organizaciones y movimientos sociales que la organizan. Es decir, persiste en su actitud de enfrentamiento, persecución y criminalización de la sociedad civil.

Asimismo Nos solidarizamos con las dirigentas sociales integrantes de la Casa de la Amistad Bolivariana – Junín que fueron detenidas arbitrariamente acusadas sin ningún tipo de pruebas de ser “presuntas terroristas” y de preparar acciones sediciosas contra las cumbres comerciales del APEC y ALC-UE que se desarrollaran en nuestro país en los meses de mayo y noviembre, quienes además fueron presentados enmarrocados y con evidencias de haber sido torturados en las horas previas, por lo que se teme por la vida de las dirigentas populares detenidas cuya única acción fue haber participado en el II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana – CCB, desarrollado en la ciudad de Quito - Ecuador, por lo tanto responsabilizamos al gobierno por lo que pueda suceder a la integridad física de las detenidas ya que son personas de avanzada edad y por dejar al desamparo a sus menores hijos ya que ellas son el único sustento familiar que tienen.

Con esta política del terror, el gobierno aprista pone en riesgo la libertad y la vida de los dirigentes sociales que expresan su total rechazo a estas medidas económicas y políticas que se dan en nuestro país. El proceso de criminalizació n y entreguismo se profundiza y responsabilizamos directamente al señor Alan García Pérez por esta política represiva y entreguista, la cual no tendrá otra consecuencia que la de agudizar las protestas y los conflictos sociales.

POR TODO ELLO, DEMANDAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, los organismos de derechos humanos y los gobiernos de Europa, América Latina y el Caribe, exigir al gobierno aprista que ponga alto a su enfrentamiento con la sociedad civil, respete los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades campesinas e indígenas y de las organizaciones sociales en su conjunto, y junto con ello cese su política entreguista de los recursos naturales y de criminalizació n de las demandas, y denunciamos el encarcelamiento de las dirigentes populares de Junín: Guadalupe Hilario Rivas, María Gabriel Segura y Carmen Azparrent Riveros como una forma de atemorizar y crear terrorismo de estado contra el pueblo organizado.

¡INMEDIATA LIBERTAD A LAS DIRIGENTAS DETENIDAS!
¡ALTO A LA REPRESION DEL PUEBLO PERUANO!
¡CONTRA LA CRIMINALIZACIÓ N DE LAS MANIFESTACIONES POPULARES!
¡POR LA LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBRE TRANSITO!
¡CONTRA LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS!

Huancayo, marzo de 2008

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Fuente : Movimiento Democratico del Perú DIGNIDAD NACIONAL