No cabe la menor duda de que el poder corrompe, fundamentalmente a los que no están preparados para ejercerlo, Después de más de siete horas de alegatos, el Congreso del Estado de Jalisco por 23 votos a favor y una abstención desaforó al panista presidente municipal de Tonalá, Jorge Viscarra Mayorga, acusado por la Procuraduría General de Justicia de la entidad de dirigir una red de corrupción que lo llevó hasta el asesinato de su director de mejoramiento urbano, Carlos Romo Guízar.
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En consecuencia el inculpado será procesado por homicidio, delincuencia organizada y abuso de autoridad; es más, ya se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, porque el sujeto obtuvo del cabildo el acuerdo de última hora de sus vacaciones y por tanto se encuentra prófugo.
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La primera fase de la procuración de justicia como se quiera ya se solventó o se cumplió con la decisión parlamentaria, que pocas veces ocurre, el problema subyace en que el procurador acusador, Tomás Coronado Olmos, a su vez está acusado por pederastia, prostitución y pornografía infantil, así como por su presunta protección a Martín Aguirre Aguirre, acusado de violación y privación ilegal de la libertad contra de una menor de edad.
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Cualquier similitud con el autor de la encíclica privada: “todos los periodistas son prostitutas y prostitutos de la comunicación”, dictada y dada a conocer por su “ilustrísima” de la majadería y de la impunidad, el cardenal arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, créanoslo, es mera coincidencia. Vizcarra Mayorga, como era de esperarse no se presentó a la sesión de congreso pero eso sí, mediático, envió en su representación a su esposa, Ana Delia García, quien como toda esposa mexicana abnegada dio la cara por su prófugo marido.
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La pérdida de fuero, deja al edil panista sujeto a la acción penal de la Procuraduría de Justicia estatal, misma que pidió el juicio de procedencia tras integrar una averiguación que involucra al munícipe y cómplices en el asesinato de su director de mejoramiento urbano, Carlos Romo Guízar -perpetrado en abril pasado-, así como por los delitos de delincuencia organizada y abuso de autoridad. Se confirmó que ya se turnó al juzgado Séptimo de lo Penal la solicitud para que se libre la orden de aprehensión.
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Mientras tanto, todo estaba arreglado, el ayuntamiento de Tonalá este viernes realizó una sesión extraordinaria de cabildo y nombró como presidente municipal sustituto al ahora ex regidor, Isaías Basalto Lemus, en reemplazo de Vizcarra Mayorga. Por lo pronto al presunta homicida no le sirvió de nada la defensa que prepararon dos “ilustres” abogados panistas: el jefe Diego Fernández de Cevallos y el procurador del cedillismo y de las calacas locas, Antonio Lozano garcía.Casi a la una de la madrugada, se presentó una declaración de Omar Fajardo -uno de los presuntos autores materiales del crimen-, que determinó el desafuero del edil panistas. Declaró que “el 26 de septiembre entre Ricardo Sigala y yo planeamos matar a Romo”, y luego leyó otra, de un día antes, en la que señaló que el 12 de abril hubo una reunión en un restaurante donde se planeó el homicidio, que les ordenaron cometer.
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Ante toda esta podredumbre, es de señalarse que el pasado viernes 23 de noviembre, el ex subprocurador Víctor Manuel Landeros Arvizu, denunció formalmente al procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, por los delitos mencionados: pederastia, prostitución y pornografía infantil, así como por su presunta protección a Martín Aguirre Aguirre, acusado de violación y privación ilegal de la libertad contra una menor de edad, y quien se desempeñó como director jurídico de Alumbrado Público del ayuntamiento de Guadalajara hasta hace unas semanas.
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Concluyamos: el problema ya no es llevar ante los tribunales al presunto homicida ahora es ex edil de Tonalá y aún panista, Oscar Vizcarra Mayorga -el PAN no ha fijado su posición ante caso tan bochornoso-, el problema radica en que el procurador acusador, Tomás Coronado Olmos a su vez está acusado de graves delitos y todo esto se complica ante la indiferencia, ociosa o cómplice, del gobernador también alboazul, Emilio González Márquez. La pregunta en consecuencia se hace necesaria: ¿En quién confiar?
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Por: Teodoro Rentería Arróyave para ARGENPRESS
