Participantes del Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas y integrantes de La Asociación de Estudios Latinoamericanos divulgaron, en dos distintos comunicados, sus preocupación por la situación que se vive ahora en territorio zapatista y comunidades aledañas en Chiapas. Reunidos el pasado sábado (06) en la Ciudad de México, los asistentes del Foro repudiaron la alta presencia militar en el estado de Chiapas, con 79 campamentos permanentes, de los cuales 56 se ubican en territorio indígena. También, los desalojos efectuados el 18 de agosto de 2007 en los poblados del Buen Samaritano y San Manuel por fuerzas federales, en que fueron detenidos adultos, niños, niñas y bebes.
En el comunicado, los participantes del Foro critican "la presencia, el acoso y las agresiones de grupos paramilitares en la zona, que, con sus actos (y en coordinación en muchos de los casos con el ejército), pretenden desalojar y despojar a los poblados mencionados anteriormente - y algunos otros más -, para el libre desarrollo del Plan Puebla-Panamá, que beneficiará a los intereses económicos de empresas trasnacionales y no de la población ni del país".
Entre integrantes de La Asociación el rechazo es, además de las políticas represivas del actual gobierno ejecutadas en contra del movimiento y comunidades zapatistas, a las represivas en contra de las organizaciones sociales y populares, ubicadas especialmente en las zonas indígenas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
Estos pueblos son los históricamente marginados, pero ahora son afectados de manera más grave a causa de las políticas neoliberales, las cuales han pulverizado sus economías, desintegrado sus familias y mermado el ejercicio de sus derechos fundamentales y ciudadanos.
"Ante esta violencia estructural y política consideramos que las luchas y reivindicaciones de dichas comunidades, organizaciones y movimientos son legítimas y exigen una respuesta gubernamental basada en políticas públicas que promuevan la justicia, la equidad y una vida digna, así como el respeto de los derechos humanos y de los derechos indígenas internacionalmente reconocidos. Al contrario de ésto, el actual gobierno de Felipe Calderón responde con desalojos violentos e ilegales", dijo la Asociación.
Los firmantes del comunicado de la Asociación piden que las autoridades competentes que: suspendan las políticas represivas; devuelvan las tierras a los campesinos indígenas desalojados; garantían el ejercicio de sus derechos fundamentales y ciudadanos; y investiguen a los autores intelectuales de la represión y los desalojos para castigarlos conforme a la Ley.
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Fuente : ADITAL
