lunes

El fin del Pacto de Varsovia

Pacto de Varsovia
El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, llamado habitualmente Pacto de Varsovia, fue un acuerdo de cooperación
militar firmado en 1955 por los países del Bloque del Este. Diseñado bajo liderazgo soviético, su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza que suponía el establecimiento, en 1949, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas.
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AFICHE DEL PACTO DE VARSOVIA : TRADUCIDO DEL RUSO SIGNIFICA "JUNTOS SOMOS INVENCIBLES"
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El ámbito del Pacto de Varsovia abarcaba todos los estados socialistas de Europa del Este, a excepción de Yugoslavia sobre la que, pese a todo, se ejerció una poderosa influencia, es decir, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética; hasta 1962 la República Popular China estuvo afiliada como observador. Fue firmado en la capital polaca el 14 de mayo de 1955, siendo Nikita Jrushchov primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética.
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Los estados del Bloque del Este mantenían ya, antes de la firma del tratado, una estrecha relación militar con la Unión Soviética, cuyo
ejército había acometido su liberación durante la Segunda Guerra Mundial, del mismo modo que las fuerzas estadounidenses y británicas lo habían hecho en Alemania Occidental, Austria, Bélgica, Italia, Francia y Grecia. La profunda influencia ejercida por la Unión Soviética en el bloque había sido percibida como un desafío por las otras potencias aliadas, que consideraban la expansión del comunismo como una amenaza inmediata al régimen político y económico dominante en Europa. La polarización entre la órbita estadounidense —que con el establecimiento de la OTAN rompió su secular tradición de aislamiento militar— y la soviética sería el carácter determinante de los cuarenta años de la llamada Guerra Fría.
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Objetivos y estructura
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Los miembros del Pacto de Varsovia acordaron, en términos muy similares a los empleados por el Tratado del Atlántico Norte, la cooperación en tareas de mantenimiento de la paz, la inmediata organización en caso de ataque previsible (art. 3), la defensa mutua en caso de que alguno de los miembros fuera atacado (art. 4), y el establecimiento de un Estado Mayor conjunto para coordinar los esfuerzos nacionales (art. 5). Consistente en once artículos en total, el Pacto no hacía referencia directa al régimen de gobierno de los miembros —declarándose abierto a "todos los Estados", con el único requisito de la unanimidad de los restantes signatarios en su admisión (art. 9)—, y establecía una vigencia de veinte años renovables, así como la libertad de revocarlo para cada uno de los estados miembro. Fue firmado en cuatro ejemplares, uno en ruso, uno en alemán, uno en checo y uno en polaco.
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Un comité político, compuesto por los
jefes de gobierno de los estados miembros, se reunía anualmente para establecer las políticas y objetivos anuales. La mayoría de las negociaciones incluía también la presencia de los secretarios de Defensa, los jefes de las fuerzas armadas, y los miembros del Estado Mayor de cada una de ellas. Además del comité político, el Pacto de Varsovia contaba con un comité asesorio militar, un comité técnico y de investigación, un consejo de secretarios de Defensa y un Estado Mayor conjunto. Iván Stepanovich Koniev fue su primer comandante en jefe.
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Aunque el objetivo expreso del Pacto —evitar la declaración de guerra entre sus estados miembros y las potencias occidentales— se cumplió, y las medidas militares nunca debieron hacerse efectivas, el Estado Mayor conjunto hubiera sido en caso de guerra la autoridad suprema sobre los ejércitos, armadas y fuerzas aéreas de los estados miembros; la potencia militar que esto representaba incluía 6.200.000 soldados, unos 65.000 tanques, dos millares de buques y 15.000 aviones de combate, además de misiles nucleares instalados en varios de los estados miembros. En tiempo de paz, sólo las fuerzas destinadas fuera de su país de origen estaban bajo su mando directo.
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Historia y efectos del Pacto de Varsovia
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El Pacto de Varsovia fue uno de los muchos instrumentos elaborados por las superpotencias en pugna como parte del reparto de fuerzas, desigual en favor de los estadounidenses, fijado extraoficialmente al final de la Segunda Guerra Mundial. Su límite coincidía en términos globales con las líneas de demarcación pactadas en las cumbres que
Roosevelt, Churchill y Stalin habían mantenido entre 1943 y 1945, con escasas dubitaciones acerca del territorio alemán y austríaco que se resolvieron en la partición del primero y la retirada de todas las fuerzas del segundo.
La competencia por el terreno asiático se resolvió parcialmente con la proclamación de la República Popular en China —sin que la Unión Soviética estuviese muy satisfecha con la situación
,[1] aunque China participaría como observador hasta su ruptura con el gobierno soviético en 1968— y la ocupación estadounidense de Japón, pero su ambigüedad dio lugar a la mayoría de los conflictos que estallaron finalmente entre las potencias.
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La estrategia soviética, al igual que la estadounidense, consistió principalmente en asegurar su zona de influencia sin que ello llevara a un conflicto abierto con el oponente, y por lo tanto se tradujo en un nivel restringido de actividad militar aun dentro de las fronteras
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La solidez del Bloque del Este era menos monolítica de lo que la propaganda radiofónica estadounidense, centrada en "agrupar a los pueblos libres que se resisten a ser subyugados por minorías armadas o por presiones exteriores",
[2] es decir, a los crecientemente importantes movimientos comunistas en los países de Europa occidental y el Medio Oriente, daba a entender.
Ya en
1948 la Yugoslavia del mariscal Tito había marcado sus diferencias con Moscú, y las desavenencias diplomáticas entre China y la Unión Soviética con ocasión de la guerra de Corea fueron prominentes. En realidad, la política exterior de ambas potencias estuvo más ocupada en intentar aprovechar las crisis económicas que creían inminentes, cuya gravedad llevó a Estados Unidos a desarrollar el plan Marshall y la OTAN como medios de contener la revolución social.[3] En los estados del Bloque del Este, los movimientos comunistas estuvieron hasta entrados los '60 abiertamente comprometidos con la construcción de democracias parlamentarias, con representación de la burguesía y los terratenientes, y modelos económicos híbridos.
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La resistencia del gobierno stalinista a revisar los límites trazados por los acuerdos de
Yalta estaba basada únicamente en la relativa debilidad militar de la URSS en comparación con el enorme armamento estadounidense, que permaneció desde la guerra hasta nuestros días en las múltiples bases que estableció en Europa y Asia Menor. Antes que el dominio absoluto del frente interno, la apuesta soviética fue la participación en la carrera armamentista, que implicó una creciente y ruinosa inversión en tecnología militar, pero no un aumento de los efectivos. Inclusive Finlandia, en la que el Partido Comunista era la pieza central del gobierno, solicitó y obtuvo la retirada del Ejército Rojo de la base militar de Porkkala.
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Mientras el clima político finés y el liderazgo duro de Tito en Yugoslavia, férreamente controlado, hicieron posible que estos Estados no entraran a formar parte del Pacto, en otros países la situación interna era más compleja. En
Hungría, las disensiones internas del Partido Comunista, cuyas facciones estudiantiles protestaban por la acción militar soviética en los incidentes de Poznań, se combinaron con la insurrección ultranacionalista de József Dudás para dar lugar a la sublevación, que fue reprimida con dureza por las fuerzas del Pacto.
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Se ha argumentado que el Pacto de Varsovia era, en la práctica, un instrumento de control de la Unión Soviética sobre los estados socialistas del este de Europa a fin de impedir que salieran de su égida. En algunos casos, efectivamente, los intentos de los países miembros para dejar el Pacto fueron aplastados militarmente, como por ejemplo la
Revolución de Hungría de 1956: en octubre de ese año, el Ejército Rojo soviético, amparándose en las previsiones del Pacto de Varsovia, entró en Hungría y acabó con una inicipente revolución anticomunista en apenas dos semanas.
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Las fuerzas del Pacto de Varsovia fueron utilizadas también en contra de alguno de sus miembros, como en
1968, durante la Primavera de Praga, cuando invadieron Checoslovaquia para acabar con las reformas flexibilizadoras que estaba encarando el gobierno, catalogadas por la URSS como tendientes a destruir el socialismo. La llamada Doctrina Brezhnev, que marcaba la política militar exterior de la Unión Soviética en la época, establecía: "Cuando hay fuerzas que son hostiles al socialismo y tratan de cambiar el desarrollo de algún país socialista hacía el capitalismo, se convierten no solo en un problema del país concerniente, sino un problema común que concierne a todos los países socialistas". Albania se retiró de la alianza en 1961 como resultado de la separación chino-soviética en la que el régimen estalinista de línea dura apoyó a la República Popular China.
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Aunque los países de la OTAN y los del Pacto de Varsovia no se enfrentaron en ningún conflicto armado, mantuvieron activa la
Guerra Fría por más de 35 años. En diciembre de 1988, Mijail Gorbachov, líder de la Unión Soviética en ese tiempo, anunció la llamada Doctrina Sinatra, la cual establecía que la Doctrina Brezhnev sería abandonada y que los países de Europa del Este podrían hacer lo que consideraran conveniente.
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La vigencia de la doctrina Sinatra, y la consiguiente desactivación de la amenaza militar soviética sobre los países socialistas que emprendieran reformas, contribuyó a la aceleración de los cambios que sacudieron Europa del Este a partir de
1989. Los nuevos gobiernos del este eran menos partidarios que los precedentes al mantenimiento del Pacto de Varsovia, y en enero de 1991 Checoslovaquia, Hungría y Polonia anunciaron que se retirarían el 1 de julio de ese mismo año. Al retirarse Bulgaria en febrero, el Pacto se vio disuelto a efectos prácticos. La disolución oficial, aceptada por la Unión Soviética, se formalizó en la reunión en Praga el 1 de julio de 1991.El 12 de marzo de 1999, Checoslovaquia, Hungría y Polonia, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, se unieron a la OTAN. Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia se unieron en marzo de 2004 junto con Eslovenia.
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Referencias
1 - Walker, Martin (1993), The Cold War: A History, New York: Henry Holt.
ISBN 0-8050-3454-4, p. 63.
2 - Truman, Harry S. "Address before a joint session of Congress", 12 de marzo de 1947
3 - Kolko, Gabriel (1990), The Politics of War, New York: Pantheon.
ISBN 0-679-72757-4, p. 250
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Fuente : wikipedia

domingo

Hermanos Vergara Toledo



Introducción
En el año 1985, 53 chilenos fueron asesinados fría y cobardemente por la Dictadura Militar. Para la eliminación de 8 de ellos se recurrió a la técnica de "muertos en enfrentamientos", haciendo aparecer así a las víctimas como responsables de su propia muerte al tiempo que se les catalogaba de "terroristas", "subversivos", "violentistas", acusaciones jamás comprobadas.

De estos 53 chilenos asesinados en 1985, 48 son hombres y 5 son mujeres. Las formas de muerte son múltiples y variadas, y al analizarlas se descubre que la mayoría de las veces se ha sobrepasado "el límite del horror". Entre los muertos en falsos enfrentamientos, se cuenta una mujer. Paulina Aguirre Tobar, estudiante de 20 años, asesinada por la CNI en el sector del Arrayán. Su ejecución ocurre en su propia casa, con gran despliegue policial y publicitario. La versión oficial expresa que la "terrorista subversiva muere al enfrentarse con las fuerzas policiales que ingresan a su domicilio con el objeto de efectuar un allanamiento". El informe médico legal señala que su muerte fue producida por disparos en la espalda...

Las 4 mujeres restantes asesinadas en 1985, a diferencia de Paulina Aguirre no fueron buscadas, perseguidas ni ejecutadas fríamente, ni sus formas de morir tergiversadas y ocultadas por la mentira. Más penosamente quizás, sus muertes fueron al azar. El azar de vivir o morir. Riesgo de los chilenos bajo la Dictadura. Marisol de las Mercedes Vera Linares fue alcanzada en la cabeza por ráfagas de metralleta disparadas por individuos "no identificados" que se movilizaban en una camioneta Chevrolet C10, mientras presenciaba manifestaciones callejeras desde la puerta de su casa en la comuna de Pudahuel en Santiago. Las otras 3 mujeres mueren en condiciones similares: "fuerzas del orden", carabineros o individuos no identificados disparan sin saber a quién, una sola bala de muerte o ráfagas de metralleta, así como así, al pasar.

Las 5 mujeres asesinadas en 1985, salvo una, eran jóvenes al igual que Paulina que recién comenzaban su vida; como Sara Plaza, quien muere el 1º de mayo alcanzada por una bala mientras caminaba por la Plaza Yungay con su hija en brazos. Acababa de cumplir 17 años y ese día carabineros realizaba un operativo policial en el sector.

El año 1985 inaugura sus muertes con un asesinato fría y calculadamente planificado: es el fin de Alan Williams Rodríguez Pacheco. Como tantos otros. Alan es de aquellos que no transan jamás con la Dictadura. Preso Político, torturado en los primeros años, es expulsado a Inglaterra en 1976. Vuelve en forma clandestina a continuar la lucha. Su rastro es seguido meticulosamente durante meses; ubicado es asesinado, su casa incendiada y él calcinado. Los periódicos presentan su muerte ocurrida el 3 de enero como un "enfrentamiento". Según vecinos, hubo un gran despliegue de vehículos y personas en el lugar e inmediatamente después de ocurrido el hecho, ingresan al lugar periodistas y camarógrafos de la TV Nacional. Su mujer, embarazada de 7 meses, ignorante del hecho, fue detenida en su lugar de trabajo horas más tarde. Con los ojos vendados, fue trasladada a una casa secreta de tortura y manipulada por horas y por días a fin de extraer más información. Derrotados, antes de incomunicarla le dicen brutalmente "Lo único que te queda es tu hijo; de tu casa y tu marido no queda nada". En la casa quemada no había armas.

Fueron 7 los hombres muertos en "falsos enfrentamientos" en 1985. Entre ellos, los dos hermanos Vergara Toledo, Eduardo y Rafael, de 20 y 18 años de edad. Dos meses antes de ser asesinados, en Quillota, ciudad cercana a Santiago, también dos hermanos, Marcelo y Daniel Miño Logan, habían muerto en manos de la CNI en un supuesto enfrentamiento. Un sobreviviente, Fernando Fuentes, describe así estas muertes en combate desigual: "300 efectivos de la Central Nacional de Informaciones, CNI, rodeaban a los 2 hermanos. Uno de ellos muere inmediatamente y el otro trata de rendirse por lo menos en dos oportunidades. Pudieron detenernos, al lado de ellos no éramos nada; eligieron matar..."

Las otras formas de morir en los 45 casos restantes del año 1985 que no fueron en falsos enfrentamientos, se debieron para la mayoría de los hombres, igual que las mujeres, al azar.

De este modo, para inmovilizar, para aterrorizar al país, la dictadura asesinó a 23 chilenos que no eran requeridos ni buscados y que se encontraban al interior de sus casas o en las calles, solos o acompañados por sus familiares o amigos. Los mataron con disparos aislados o ráfagas de metralletas gatilladas por fuerzas de orden o por individuos no identificados que se movilizaban en autos o en camioneta, casi siempre sin distintivos ni patentes. En 3 casos, sin saberlo, asesinaron a sus propios familiares.

En tres casos la fuga fue la forma de asesinar a jóvenes chilenos cuyas vidas estaban absolutamente a merced de sus perseguidores. Así sucedió con Óscar Fuentes Hernández, joven estudiante de matemáticas, asesinado mientras corría, absolutamente desarmado, tratando de evitar que numerosos carabineros y "civiles" lo detuvieran junto a otros compañeros de la Universidad de Santiago.

En 8 casos, en cambio, la muerte fue provocada al interior de los recintos carcelarios luego de haber sido arrestados y sometidos a diversas y mortales formas de tortura. Así sucede con Patricio Manzano, joven estudiante de Ingeniería, detenido el 8 de Febrero en San Felipe, en las redadas efectuadas por carabineros en contra de los estudiantes que participaban en los trabajos voluntarios organizados por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Patricio Manzano falleció de una crisis cardíaca a consecuencia de los malos tratos recibidos, mientras era trasladado desde la 1ra. Comisaría a la Asistencia Pública.

Dramática es la muerte de Carlos Godoy Echegoyen, 15 días más tarde, luego de ser bestialmente torturado en una comisaría de Quintero y ser trasladado a Valparaíso. Carlos tenía 23 años. Junto a su madre había retornado a Chile desde el exilio hacía 8 meses. Los estudiantes que habían sido detenidos por la CNI fueron testigos de sus desgarradores gritos bajo tortura, hasta el silencio final.

Cuatro hombres encuentran la muerte, según informaciones oficiales, "al estallar una bomba o materiales explosivos que ellos habrían estado manipulando". En 3 casos existe la certeza de que ellos habían sido previamente detenidos y que se eligió para su eliminación, como sucedió con Loreto Castillo y Alicia Ríos Crocco en 1984, esta forma brutal de desintegrar sus cuerpos y hacerlos pasar por "terroristas".

Los restantes 7 casos de 1985 demuestran fría y dramáticamente que para la dictadura no es suficiente matar: precisa además descuartizar, degollar, triturar y quemar los cuerpos para luego arrojarlos al mar, desde un acantilado (José Rodolfo Randolph Segovia); hacerlos aparecer en los faldeos cordilleranos, destrozados por una bomba (Julio Santibáñez Romero); o bárbaramente torturado flotando en un río (Manuel Astorga Galaz); o aparecer en una población de Santiago luego de haber sido secuestrado, torturado y muerto a tiros (Manuel Alejandro Garrido Mesa); o ir por ellos, asesinarlos y luego abandonarlos en los campos cercanos a Santiago, en Quilicura. El mar, los ríos, las playas, las montañas, las poblaciones, el campo, toda la geografía de Chile ha sido violada por la Dictadura al hacerla cómplice silenciosa de sus crímenes.

Duele evocar sus nombres mil veces repetidos en canciones y gritos de protestas o mentalmente en el silencio de nuestras conciencias: José Manuel Parada, Santiago Nattino, Manuel Guerrero Algún día, desde ahora y más tarde recuperaremos sus vidas, sus poemas, pinturas, ideas y palabras, sus hermosas vidas no acabadas.

Pero a la dictadura no le bastaron diversas y variadas formas de asesinar y no se contentó con diseminar cadáveres por el extenso territorio de Chile. Era necesario matar en horas, correr contra el tiempo. Era preciso paralogizar, inmovilizar definitivamente por el horror el avance del pueblo. Entre los días 29 y 30 de marzo de 1985, en un lapso de horas, 6 chilenos fueron brutalmente asesinados. Entre ellos, los hermanos Vergara Toledo.

Desde que iniciamos nuestro trabajo de análisis sistemático de todas las formas de violación de los derechos humanos y más precisamente del derecho a la vida, hemos manifestado que no basta con denunciar; además es preciso conocer a fondo para enfrentarlas firmes y decididamente, todas las formas de violencia implementadas por el régimen. Conocer las causas, las formas que ella adopta, la ideología que la motiva, así como la formación y el carácter de los funcionarios que la aplican. Este conocimiento objetivo de la realidad no confundirá la memoria histórica, base sobre la cual construiremos la nueva sociedad. Pero paralelamente, hemos querido conocer también al hombre que se ha enfrentado a la violencia y que ha recibido sobre sí todo el odio que la clase dominante es capaz de ejercer sobre el pueblo. Siempre tuvimos el sentimiento y hemos llegado a la convicción, a través del conocimiento, de que ellos, los asesinados por la dictadura, los ejecutados, los hecho desaparecer, alcanzaron una inmensa dimensión como hombres que los hace trascender no tan sólo por la transparencia de sus vidas sino también por la consecuencia de su práctica humana que los hizo enfrentar la dictadura hasta la muerte.

La dictadura escamotea sus vidas y tergiversa sus muertes, usando todos los medios de que dispone: la prensa, la televisión, la justicia. Cubre sus muertes con falsedades y engaños a la vez que manipula las conciencias de los ciudadanos para ocultar y distorsionar la verdadera causa de la violencia: el terrorismo de Estado. Desgraciadamente aún hay muchos que voluntaria o involuntariamente se confunden.

Nuestro trabalo permanente es buscar, indagar, recopilar, objetivar, precisar con quienes los conocieron, mediante una rigurosa metodología de análisis del hombre, el verdadero perfil humano de los asesinados por el régimen y de los muertos en falsos enfrentamientos.

Nos sentimos altamente honrados al entregar hoy día el 3er Volumen de nuestra colección Patricio Sobarzo, dirigente del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, asesinado por la Dictadura en un falso enfrentamiento el 2 de julio de 1984.

En este pequeño libro, el Comité ha querido presentar no sólo las vidas de Eduardo y Rafael, sino esbozar además la historia de su familia, del medio social y cultural en que nacieron y se formaron mostrar las poblaciones marginales de Chile, la Universidad, la juventud, los compañeros, el compromiso cristiano y revolucionario. Las raíces son tan profundas, los valores tan supremos, los lazos humanos tan indestructibles que al asesinar a los hermanos Vergara Toledo, la dictadura sólo ha logrado que ellos vivan para siempre.



Fuente : Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 18mar02

sábado

A LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

CAMPAÑA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
JUICIO JUSTO VICTOR POLAY CAMPOS
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Informa ACCION EN EMBAJADA DEL PERU EN CHILE
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FOTO : FACSIMIL POSTAL DE LA VCAMPAÑA INTERNACIONAL, ENVIADA POR LOS ADHERENTES AL GOBIERNO PERUANO
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Comunicamos a la opinión publica nacional e internacional que ayer 28 de marzo a medio día fue entregada una carta en la embajada de Perú en Santiago dirigida la presidente Alan Garcia solicitando un juicio justo para el preso político Víctor Polay confinado desde hace 16 años en un recinto militar similar a Guantanamo llamado Base Naval del Callao en Perú.
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FOTO : EL COORDINADOR DE LA CAMPAÑA ENTREGA A REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA CARTA Y MIL FIRMA DE ADHERENTES QUE EXIGEN JUICIO JUSTO PARA VICTOR POLAY C.
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Hoy la fiscalía ha solicitado cadena perpetua para este luchador social es por esto que es de suma importancia apoyar esta campaña por la vida de Víctor Polay Campos.
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FOTO SUPERIOR. : SE CUELGA UN AFICHE DE LA CAMPAÑA JUNTO A LA PLACA DE LA EMBAJADA DEL PERU EN CHILE
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FOTO SUPERIOR : MIEMBROS DEL CEA PUCARA PORTAN UN LIENZO DE LA CAMPAÑA

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FOTO : LOS COMPAÑEROS COORDINADORES DE LA ACTIVIDAD DAN LECTURA A LA CARTA ENTREGADA A LA EMBAJADA .

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FOTO : FACSIMIL CARTA ENTREGADA A LA EMBAJADA DEL PERU ACA EN SANTIAGO, CHILE
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COORDINADORA INTERNACIONAL
JUICIO JUSTO PARA VÍCTOR POLAY CAMPOS

TRES INOLVIDABLES !!!!!

Triple degollamiento
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Encontrándose el país bajo la vigencia del estado de sitio, el 28 de marzo de 1985 fue secuestrado en la vía pública en el sector alto de la capital Santiago NATTINO ALLENDE, publicista de militancia comunista, sin cargos conocidos dentro de esa agrupación.
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Al día siguiente, a tempranas horas de la mañana fue secuestrado en momentos en que llevaba a su hija al colegio Latinoamericano de Integración, José Manuel PARADA MALUENDA, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Análisis la Vicaría de la Solidaridad. En esa misma oportunidad fue secuestrado Manuel Leonidas GUERRERO CEBALLOS, profesor e inspector del mismo colegio, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), quien era amigo desde hacía largos años de José Manuel Parada.
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En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago NATTINO señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro hay testigos que indican la presencia de un helicóptero en los hechos y de desvíos de tránsito en el sector. Esta acción fue cruenta ya que se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el hecho.
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Relacionados con estos secuestros se encuentra el que sufrió el egresado de arquitectura Ramón Arriagada en el mes de febrero de ese año, a quien se lo interrogó precisamente sobre las actividades de Manuel GUERRERO y José PARADA. Ambos se encontraban realizando una labor de análisis de la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto a base de la información obtenida de las confesiones de uno de sus ex‑miembros, logradas poco tiempo atrás.
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También se relaciona con el operativo realizado la noche del 28 de marzo a la sede de la AGECH ubicada en calle Londres 75 de la capital, local donde recibía correspondencia y mantenía una línea telefónica Santiago NATTINO y que frecuentaba Manuel GUERRERO, por su calidad de dirigente de esa agrupación. De ese lugar fueron llevados varios profesores quienes estuvieron privados de libertad hasta el día 29, reconociendo posteriormente como su lugar de detención el cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) ubicado en calle Dieciocho, el mismo que tiempo atrás fuera usado por el Comando Conjunto bajo el nombre de "La Firma".
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Pese a las intensas actividades desplegadas no se tuvo noticia alguna de los secuestrados hasta el 30 de marzo de 1985 cuando son encontrados sus cuerpos degollados en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.
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Este crimen causó honda repercusión tanto nacional como internacional, dando lugar a una extensa investigación judicial. Autoridades del gobierno explicaron en un comienzo el crimen como consecuencia de una purga entre comunistas. Sin embargo, de los antecedentes narrados y los reunidos en la investigación judicial la Comisión ha llegado a la convicción de que Manuel GUERRERO, José PARADA y Santiago NATTINO fueron ejecutados por agentes estatales en razón de su militancia y las actividades que realizaban, en violación de sus derechos humanos.

(Informe Rettig)

COMPAÑEROS PARADA , GUERRERO , NATINNO ....PRESENTE !!!!!

AHORA Y SIEMPRE !!!!

VIVIRAN EN EL PUEBLO POR QUE LES JURAMOS

NI PERDON ....NI OLVIDO !!!!!


29 Marzo 1985 El asesinato de Paulina Aguirre por agentes de la CNI

El asesinato de Paulina Aguirre por agentes de la CNI
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Por fin la verdad Paulina Alejandra Aguirre Tobar, asesinada por miembros de la CNI que le dieron muerte a balazos en una emboscada disfrazada de enfrentamiento. La joven militante del MIR acababa de cumplir 20 años, en diciembre de 1984. El homicidio ocurrió poco antes de la medianoche del 29 de marzo de 1985, en el sector El Arrayán: la misma noche en que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados en Villa Francia. En sólo unas horas, la siniestra mano de la dictadura cercenó la vida y los sueños de tres jóvenes. Por el homicidio calificado de Paulina Aguirre están procesados y acusados como autores Alvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército y jefe operativo de la CNI quien, en esa época, estaba al mando del cuartel Borgoño; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de ejército en retiro, que entonces dirigía la Brigada Azul de la CNI bajo el mando de Corbalán, actualmente también procesado por los asesinatos de la Operación Albania y del periodista José Carrasco; Miguel Angel Soto Duarte, mayor de Carabineros en retiro, alias “El Paco Aravena”; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la Fach; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño. Fue Soto Duarte quien disparó las balas que provocaron la muerte inmediata de Paulina. Cuando ya había caído, Astudillo Adonis y Andrade Gómez le continuaron disparando. Corbalán y Bauer dieron las órdenes, siguieron paso a paso el “operativo” y se encargaron del montaje para simular un enfrentamiento. Los procesamientos de estos cinco criminales fueron revisados y confirmados unánimamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. Dos de ellos reconocieron haber participado en el “operativo” por orden de Alvaro Corbalán. Esta fue una de las “proezas” de la Brigada Azul de la CNI, encargada de reprimir al MIR y responsable de numerosos crímenes. Esta brigada la dirigía en esa época Krantz Bauer, bajo el mando general de Alvaro Corbalán. Durante el proceso fueron interrogados alrededor de veinte ex agentes que formaban parte de esa brigada, tres de los cuales permanecían en servicio activo en el ejército en el año 2002. Actualmente la investigación está cerrada, el caso fue aclarado y el proceso cuenta con dos confesiones de los autores, decisivas para impedir cualquier subterfugio en busca de impunidad. Antes de fines de marzo, el ministro de fuero Jorge Zepeda debería dictar sentencia de primera instancia.
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MILITANTE PRECOZ
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Paulina Aguirre pidió ingresar al MIR a los 15 años. A esa edad ya había comprendido de sobra lo que era vivir en dictadura. Vio a su padre, Luis Aguirre Smith, terriblemente torturado en Calama y después tras las rejas de la Penitenciaría de Santiago. Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Alvarez fue fusilado en Antofagasta. “Ella quiso luchar contra los crímenes cometidos por la dictadura. Esperaba crear una sociedad más humana, justa e igualitaria -recuerda hoy su padre-. Paulina era una bella niña que continuaba asistiendo al Liceo Valentín Letelier en cursos vespertinos. Dibujaba y tocaba la guitarra con sus compañeros y amigos. Y escribía, sin olvidar jamás su compromiso político”. A su padre le dejó versos como éstos: Cuando el dolor, la sangre, el odio y la muerte son necesarios, miles de manos se tienden para tomar las armas. Acuérdense ustedes de mí Siempre. La joven militante, cuyo nombre político era “Luisa”, trabajó cinco años en la clandestinidad. Sus padres estaban separados y vivían en el exilio. Luis Aguirre en Francia y su madre, María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia. Es poco lo que se sabe de los últimos años de Paulina en Chile. Sí se han podido reconstituir, a grandes rasgos, sus pasos previos al asesinato.
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UNA GRIETA EN EL MURO
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A comienzos de 1985, Paulina Aguirre arrendó una cabaña de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández 16.100, en la comuna de Lo Barnechea. Según el testimonio de un testigo, la misma vivienda había sido alquilada anteriormente por una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien visitaba un hombre de la misma edad. En las noches, los vecinos sentían que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería. La mujer abandonó la cabaña intempestivamente, al día siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia de personal de Investigaciones. En los primeros días de marzo, la zona central del país fue estremecida por un terremoto y una profunda grieta resquebrajó la única pared de cemento de la cabaña donde vivía Paulina. La dueña -María Victoria Esquivel, hoy fallecida-, quien residía en el mismo recinto, le pidió que se mudara a una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella optó por trasladarse transitoriamente a casa de su abuela, en la Villa Cumbres Andinas de la comuna de Macul, donde vivían su hermano, una tía y una prima. El 27 de marzo, los maestros que efectuaban reparaciones en la cabaña debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó un equipo de la CNI, que posteriormente anunció a la prensa el hallazgo de armas, municiones y amongelatina. Dentro y fuera de la vivienda quedó una guardia permanente de la CNI esperando el regreso de Paulina. El contratista a cargo de los trabajos, Luis Valenzuela Pérez, declaró durante el proceso que vio al agente de la CNI a cargo del equipo mostrarle una serie de fotos a la dueña de la parcela y que ésta reconoció en una de ellas a la joven arrendataria de la cabaña, como también a otra mujer que le había servido de aval al momento de concertar el alquiler. Valenzuela señala, además, que les afectó cuando supieron de la muerte de la muchacha “debido a que sentíamos que por nuestro trabajo había resultado muerta esta joven” y que la dueña de la propiedad estaba molesta “ya que estimaba que la cantidad de personas que se encontraba oculta al interior de la parcela y en los alrededores, podría haber actuado en forma diferente, deteniendo a la joven sin matarla”. Según la versión “oficial” entregada por la CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. La parcela estaba plagada de esbirros de la CNI, ocultos entre los árboles. Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría sacado un arma de su bolso con la que supuestamente disparó a los agentes. Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente. El informe de autopsia registra ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. La muerte fue instantánea. La investigación realizada durante el actual proceso reveló que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada y que la asesinaron a sangre fría. Una vez cometido el crimen, llegaron al lugar Alvaro Corbalán y Kranz Bauer -ambos procesados por la Operación Albania y el primero condenado a prisión perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca-, para supervisar el resultado de la “operación”, alterar el sitio del suceso y hacer la denuncia del “enfrentamiento”. Esa fue la información que se dio a conocer a la población chilena a través de la prensa.
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EN BUSCA DE LA VERDAD
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Como ocurrió con muchos otros casos, por el homicidio de Paulina Aguirre se inició un proceso en la justicia militar que quedó en nada. El Segundo Juzgado Militar de Santiago no se orientó a indagar sobre la muerte de la joven militante del MIR, sino a investigar los delitos de tenencia ilegal de armas y conducta terrorista. Poco después, el caso fue sobreseído debido a que la autora de esos delitos había muerto en un enfrentamiento. Eso fue todo. Al comienzo de la década del 90, sus familiares declararon ante la Comisión de Reconciliación, Verdad y Justicia. Luego de investigar, la comisión expresó en el Informe Rettig su convicción de que “Paulina Aguirre pudo ser detenida, sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte”. El 2001, Luis Aguirre Smith, residente en Francia, presentó una querella ante el juez Juan Guzmán por intermedio del abogado de derechos humanos Francisco Bravo contra Augusto Pinochet y quienes resulten responsables de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita genocídica cometidos contra su hija. Durante el proceso en la justicia militar, Salas Wenzel había dado el nombre de dos personas -“Jaime Aravena Parada” e “Iván Stuar Briceño”- que habrían participado en el operativo. Como es de suponer, eran “chapas”, lo que se demostró en ese mismo proceso. Posteriormente, en el 2001, el actual comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre, quien entonces tenía el cargo de jefe del estado mayor general del ejército, se negó a entregar al ministro de fuero Juan Guzmán la nómina de militares que cumplían funciones en la CNI en 1985, diligencia que había solicitado la parte querellante. Sólo argumentó que esa información es “un antecedente secreto conforme lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar”. Esa fue toda la “colaboración” que prestó el ejército para aclarar el crimen, lo que desmiente el discurso reconciliatorio y pro derechos humanos del general Cheyre. Con los escasos antecedentes disponibles, el ministro de fuero Juan Guzmán despachó una orden de investigar al Departamento V de la policía de Investigaciones, que cumplió una labor decisiva en la pesquisa. Estableció que dentro de la CNI el aparato encargado de la represión contra el MIR era la denominada Brigada Azul, y que el asesinato de Paulina Aguirre tenía las mismas características de otros cometidos antes y después de su muerte, los que también se presentaron como “enfrentamientos”. Un precedente inmediato era el homicidio de Fernando Vergara Vargas, abatido en la calle el 15 de diciembre de 1984 cuando regresaba a su casa. Los falsos enfrentamientos fueron la forma que adquirió en los años 80 la política de exterminio contra quienes estaban en la lucha antidictatorial. Hay testigos que escucharon en 1986 a Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, diciéndole a Alvaro Corbalán que “ya no quiero más detenidos”. El Departamento V de Investigaciones logró identificar a un número importante de agentes de la Brigada Azul y, con la orientación de la parte querellante, solicitó información judicial a otros jueces que investigaban delitos cometidos por la CNI en esos años. La primera luz para dar con los autores la proporcionó una agente de esa brigada de la CNI, Ema Verónica Ceballos Núñez, perteneciente a la Armada, quien declaró que el operativo en El Arrayán, en el que ella dijo no haber participado, fue comentado en la Brigada Azul por un sujeto denominado “El Paco Aravena”, quien tenía la particularidad de estar estudiando Leyes. Este hombre, según Ema Ceballos, se jactaba de haber dado muerte a Paulina Aguirre, lo que a ella le molestó mucho, porque consideraba un acto de cobardía haber matado a una muchacha tan joven y sin defensa. Esos datos fueron determinantes. A su vez, otros agentes de la CNI fueron entregando nuevos antecedentes. Uno de ellos admitió que fue un montaje, que la joven estaba siendo seguida hacía aproximadamente un mes. Luego, Ema reconoció al “Paco Aravena” en una serie de fotos que le mostró el ministro a cargo de la investigación. Fue identificado como Miguel Angel Soto Duarte. Es decir, el pacto de silencio se comenzaba a romper, lo que permitió ir precisando la identidad de quienes participaron en el operativo y a quienes correspondían las chapas entregadas por Salas Wenzel. En octubre del 2003, cuando se distribuyeron procesos para descongestionar el trabajo del juez Guzmán, el caso pasó a manos del ministro de fuero Jorge Zepeda, quien continuó trabajando, ahora con el equipo de inteligencia de Investigaciones, y tomó declaraciones a aproximadamente veinte ex agentes de la CNI. En definitiva, llegó a la conclusión que Paulina Aguirre había sido objeto de un seguimiento coordinado por radio durante todo el trayecto hasta la parcela. Eso coincide con otras informaciones. El hermano de la joven, Luis Aguirre Tobar, y una prima, Ana Andrade, observaron un furgón Suzuki de color blanco que circulaba en torno a la casa de la abuela, donde ella había buscado refugio en los días previos al asesinato. Lo más sencillo fue desbaratar el montaje del “enfrentamiento”. La CNI repitió errores cometidos en otros casos similares, como poner el arma en la mano izquierda de la muchacha -que no era zurda-, usar una pistola con la cual no se había disparado y ausencia de restos de pólvora en la mano de la joven. “No se preocuparon de esos detalles, que son fundamentales, porque evidentemente pensaron que esto jamás sería investigado”, señala el abogado querellante Francisco Bravo. La investigación judicial no confirma ni desmiente el hallazgo de armamento en la vivienda de la militante del MIR, porque se orientó exclusivamente a aclarar el homicidio. “Aparentemente, había barretines -dice el abogado querellante-, pero Paulina lo habría ignorado”. Qué es lo que realmente había es algo difícil de comprobar, porque la CNI aisló la cabaña mientras la registraba y después informó de una larga lista de municiones, armas y explosivos encontrados en su interior. En la actualidad, varios de los acusados se encuentran en libertad provisional. Krantz Bauer quedó libre bajo fianza a pocos días de haber sido detenido. Lo mismo ocurrió con Miguel Soto Duarte, autor de los disparos mortales. A Jorge Andrade le concedieron la libertad, pero casi de inmediato fue revocada por un dictamen de la Octava Sala de la Corte Suprema por considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la forma y circunstancias del delito investigado”. Sin embargo, insistió y finalmente obtuvo la libertad provisional. Pero estos serán los últimos días en que los asesinos de Paulina Aguirre gozarán de ese beneficio al que con tanta facilidad acceden los violadores de derechos humanos. El ministro Jorge Zepeda Arancibia tiene la palabra. De criminales y cómplices Para el abogado querellante Francisco Bravo López, la investigación del asesinato de Paulina Aguirre llegó a buen término debido a la diligencia del Departamento V de Investigaciones y a la efectiva actuación de los ministros de fuero Juan Guzmán y Jorge Zepeda. Y, desde luego, gracias a la colaboración de algunos ex agentes de la CNI. Al respecto, distingue dos actitudes en los violadores de derechos humanos. “Alvaro Corbalán es de los que no demuestran ningún grado de arrepentimiento, va a morir en la suya, sin reconocer nunca que lo que hizo estuvo mal -dice el abogado-. Es la mentalidad del fanático, que se enceguece y cree que mató por la patria, y que si la historia se repite lo haría igual o peor. Esa es la lógica de los Krasnoff, los Moren Brito y los Manuel Contreras, de los represores más crueles que hubo en Chile. Esto difiere de la actitud de otros que han colaborado con la justicia, que generalmente son de rango inferior y quienes, en muchos casos, fueron ejecutores materiales de los crímenes. No creo que colaboren sólo por conveniencia -rebaja de penas u otras-, sino porque tienen una carga en la conciencia que les está pesando demasiado y que se manifiesta especialmente cuando envejecen y empiezan a pensar en la muerte”. ¿Por qué cree que decidieron matar a Paulina Aguirre? “Simplemente porque era militante del MIR. También hay distintas tesis extrajudiciales sobre las motivaciones de Alvaro Corbalán para ejecutar asesinatos, operativos o montajes, más allá de la política de Estado de la época para reprimir a ciertos sectores políticos del país. Habría motivaciones pecuniarias -el robo de las posesiones de las víctimas, como ‘botín de guerra’- y también de prestigio. La mayor parte de los supuestos enfrentamientos se producía en épocas de evaluación del personal de la CNI. Corbalán tenía -y tiene- muchos enemigos en el interior del ejército por su personalidad arrogante, porque se jactaba de tener contacto directo con las autoridades de más alto rango, por manejar muchísima información. Así, actuar en este tipo de hechos le hacía merecedor de buenas calificaciones, porque se le veía como un hombre efectivo en la lucha antisubversiva”. ¿Se siente satisfecho con los resultados de este proceso? “Sí, el asesinato está aclarado. Pero me quedé con una espina clavada. En mi opinión, la justicia también debería orientar sus indagaciones hacia las fiscalías militares, como ocurrió en los casos de Tucapel Jiménez y Berríos, porque formaron parte de un aparato organizado de poder que cooperó en estos crímenes. Es decir, hubo complicidad de fiscales y jueces militares, lo que implica colaboración en el delito que se cometía. En la Operación Albania, el gran argumento de la defensa fue que habían actuado porque existía una orden de investigar, y efectivamente hubo un decreto judicial que emanó de un tribunal militar mediante el cual se le dio manga ancha a los agentes de la CNI para hacer y deshacer. De esa manera, bajo un manto de aparente formalidad o legalidad se cometieron crímenes espantosos. Como se ve en el caso de Paulina Aguirre, la justicia militar no sólo no hizo su trabajo, sino que se ocupó de blanquear crímenes. En general, creo que en los casos de violaciones de derechos humanos hay que seguir indagando esa veta”
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Retrato sicológico de un asesino
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A solicitud del ministro de fuero Jorge Zepeda, se les practicaron exámenes de facultades mentales a los acusados. Es patético el informe del Servicio de Psicología del Hospital de Carabineros, donde Miguel Angel Soto Duarte se atendía desde marzo del 2003 por “trastorno limítrofe de personalidad y depresión mayor”. Dice, entre otras cosas, que “el paciente presenta evidentes signos de alteraciones de carácter, ideación suicida, descontrol de impulsos, trastornos en el curso formal del pensamiento y síntomas productivos ocasionales”. Otro informe emitido por el Instituto de Medicina Legal concluye que Soto Duarte presenta “una personalidad con rasgos anómalos de tipo mixto y que en el momento de ocurrir los hechos que se investigan no padecía de alteraciones psicopatológicas que pudieran modificar su imputabilidad”. En 1986, Miguel Angel Soto comenzó a consultar a un psiquiatra por estados angustiosos. “Describe las molestias que lo hicieron consultar como nerviosidad, inquietud cuando va por la calle ‘como que están pendientes de mí, que me quieren matar’, insomnio de conciliación y al no poderse dormir ‘me da vueltas este caso’, presiente como una sombra a su lado o le parece escuchar la voz de un niño o de una mujer estando dormido”. Cuando recuerda la muerte de Paulina Aguirre, dice: “Llega una persona, se produce una serie de disparos, no había mucha luz, órdenes van y vienen... Yo participé en el enfrentamiento, yo disparé también... pero no porque yo quisiera, sentí miedo, que me pudieran matar. Era un operativo extraño, con mucha gente encubierta detrás de mí... que me podía matar. Me llevaba mal con los amigos. Había escuchado que me iban a matar en algún enfrentamiento. Disparé para que no me mataran... Ahora lo único que quiero es estar tranquilo. Que la justicia me castigue luego. Que esto termine. Yo elegiría la pena de muerte”
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Texto: Patricia Bravo, Revista Punto Final, Santiago de Chile, marzo de 2004.
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E
l 29 de marzo de 1985 falleció Paulina Alejandra AGUIRRE TOBAR, de 20 años, militante del MIR.
Según la versión oficial, el 27 de marzo de 1985 en el inmueble de calle Pastor Fernández N° 16.100 en Las Condes, domicilio de Paulina Aguirre, se encontró armamento, el que fue retirado por personal de la CNI que dispuso guardia en el lugar para detener a su ocupante, quien sólo regresó el viernes 29 de marzo a las 23:15 horas, a pie, siendo interceptada por funcionarios de la CNI, los que la conminaron a detenerse e identificarse.
Agrega dicha versión, que la mujer se detuvo, pero abrió su bolso de donde sacó un arma e hizo tres disparos, lo que motivó que los funcionarios le dispararan, causándole la muerte.
El informe de autopsia señala que Paulina Aguirre recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres disparos en la mano derecha y dos disparos en el antebrazo izquierdo.
La Comisión, considerando los numerosos antecedentes reunidos y la inspección ocular del lugar, ha llegado a la convicción de que Paulina Aguirre pudo ser detenida, sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte. Por lo anterior considera su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

(Informe Rettig)

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3 de Enero 2003 El Mercurio

El Magistrado procesa a dos ex CNI por muerte de mirista

Dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron sometidos a proceso como presuntos autores del homicidio de la mirista Paulina Aguirre Tobar, ocurrido en el sector de El Arrayán en 1985.
El dictamen en contra de los ex funcionarios del servicio de seguridad fue adoptada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda Arancibia.
El juez heredó esa investigación de su colega Juan Guzmán Tapia cuando la Corte Suprema decidió redistribuir las más de 300 querellas que estaban en manos del último y que habían sido dirigidas en contra del general (r) Augusto Pinochet.
La acción por el asesinato de la muchacha figuraba entre ellas y fue presentada por sus padres, con el patrocinio del abogado Francisco Bravo.
En la época de su deceso, la víctima tenía 20 años y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
El abogado de la familia, Francisco Bravo, dijo en la querella que el asesinato de Aguirre Tobar ya había sido consignado en el Informe de la Comisión Rettig, cuyos integrantes llegaron a la convicción de que la muchacha pudo ser detenida por los efectivos, pero que, sin embargo, fue ultimada.
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3 de Enero 2003 El Mercurio

Alvaro Corbalán declaró ante juez
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Pasadas las 17:00 horas de hoy dejó el palacio de tribunales el mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, quien acudió hasta las dependencias a prestar declaración ante el juez con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Jorge Zepeda.
Según se informó, la diligencia ordenada por el magistrado tuvo como fin interrogar al ex militar por el caso de la muerte de la mirista Paulina Aguirre Tobar, ocurrida el 29 de marzo de 1985.
El interrogatorio se extendió hasta pasadas las 17:00 horas, cuando Corbalán se retiró de palacio sin hacer declaraciones.
El mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla está cumpliendo condena de cadena perpetua por la muerte del carpintero Juan Alegría, quien fue asesinado para cubrir el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez. Corbalán fue jefe del Cuartel Borgoño de la CNI, y como tal, aparece vinculado a diversos procesos vinculados a los derechos humanos
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11 de Febrero 2004 El Mercurio

Álvaro Corvalán fue acusado de homicidio de Mirista
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La jueza del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin, acusó al ex jefe operativo de la CNI el mayor (r) del Ejército Álvaro Corbalán, de homicidio calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Paulina Aguirre, cometido en 1985.
La acusación, que constituye es el paso anterior a que se dicte la sentencia, afecta también a los ex agentes de la Brigada Azul del organismo de inteligencia, Kranz Bauer, Alejandro Astudillo, Miguel Soto y Jorge Andrade.
Paulina Aguirre, de 20 años y militante del MIR, fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio ubicado Las Condes, el 29 de marzo de 1985.
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14 de Enero 2004
El Mostrador
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Rechazan prescribir caso de mirista Paulina Aguirre
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El ministro Jorge Zepeda rechazó aplicar la prescripción en el caso del homicidio calificado de la militante del MIR Paulina Aguirre Tobar, perpetrado en 1985, al estimar que se trata de un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible.
De esta manera, el ministro con dedicación exclusiva para causa de derechos humanos desestimó la solicitud de la defensa de los procesados y quedó a un paso de dictar sentencia en esta causa.
En la causa se encuentran procesados el ex jefe operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castilla, y los ex agentes de la Brigada Azul de ese organismo represivo Kranz Bauer Donoso, Alejandro Astudillo Adams, Miguel Soto Estuardo y Jorge Andrade Gómez.
El abogado Nelson Caucoto, querellante en el proceso, destacó que el fallo es "es la aplicación del derecho internacional", pues al crimen le da "el carácter de delito de lesa humanidad al homicidio investigado, lo que en consecuencia, impide aplicar prescripción”
Aguirre Tobar, de 20 años y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio en el sector capitalino de Las Condes, el 29 de marzo de 1985, según consigna el "Informe Rettig" que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).
El informe agrega que la joven fue ejecutada por agentes de la CNI, pero la versión oficial de la época habló de enfrentamiento, sobre la base de que los autores pusieron un arma en la mano del cadáver para sustentar la historia de que se había resistido al arresto.
Aunque la justicia militar corroboró la tesis del régimen militar, Zepeda logró establecer que hay antecedentes suficientes para dar por acreditado que se trató de un homicidio calificado y que la víctima fue acribillada a mansalva sin una advertencia ni conminación previa.
Según el informe de autopsia, Paulina Aguirre recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres en la mano derecha y dos en el antebrazo izquierdo.
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Fuente : www.memoriaviva.com

29 de Marzo DIA DEL JOVEN COMBATIENTE (II)



COMPAÑERA PAULINA PRESENTE !!!!!
AHORA Y SIEMPRE EN LA MEMORIA DEL PUEBLO
TE JURAMOS : NI PERDON ...NI OLVIDO !!!!

29 de Marzo DIA DEL JOVEN COMBATIENTE


COMPAÑEROS EDUARDO Y RAFEL VERGARA TOLEDO

VUESTRA MUERTE NO SERA EN VANO !!!!!

HABRA JUSTICIA MAS TEMPRANO QUE TARDE,
LES JURAMOS : NI PERDON....NI OLVIDO !!!!!



viernes

29 de marzo Memoria en la Plaza


SÁBADO 29 DE MARZO 2008

JORNADA ARTÍSTICO CULTURAL PARA TODA LA FAMILIA

Los elefantes tienen una memoria prodigiosa, pueden memorizar centenares de sonidos y olores entre ellos y de manera muy especial, los de su tribu. También pueden reconstruir mentalmente un mapa de los lugares visitados y de las distancias recorridas por su familia. Los elefantes no olvidan a los suyos e incluso hay estudios que demuestran que llevan luto por los ausentes. Pero se dice también que no sólo son capaces de almacenar recuerdos, si no que también de resignificarlos permanentemente. Estos elefantes no quieren que la vorágine de la ciudad les prive del recuerdo. Buscan retransmitir su memoria, dar continuidad a su relato, para que este lugar siga enunciando el recuerdo como un regalo a las nuevas generaciones, para convocar a la vida, la verdad y la justicia.
Estas ideas fueron las que nos motivaron hace un año a convocar masivamente a recordar la vida, el secuestro y posterior asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurrido el 29 de marzo de 1985, en el ex frontis del Colegio Latinoamericano de Integración, en una jornada cultural de seis horas de duración en El Vergel con Los Leones, en la comuna de Providencia, al que asistieron mil personas –niños, jóvenes, adultos y gente mayor- amenizados por diversos artistas invitados, stands, bibliobus y actividades recreativas. La consigna, "Con Memoria y alegría, adelante por la vida" resumía el espíritu de aquel evento. La invitación era a conmemorar, desde el presente, los proyectos de una generación que luchó por la democracia y una sociedad más justa y amable, para compartirlo con los más jóvenes y con quienes portan la memoria y desean abrirla a los demás en un acto de amor y creatividad sin exclusiones. Una mirada al pasado para construir el futuro.
Este año queremos repetir y ampliar la experiencia. Queremos llevar la memoria al corazón de la ciudad y la ciudad al corazón de la memoria. La invitación es a ser parte de una jornada artística el día sábado 29 de marzo dos lugares de Santiago:

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PLAZA BRASIL (Metro Ricardo Cumming)La memoria en el corazón de la ciudad: Llevaremos el recuerdo al centro de Santiago, para llenar la memoria de nuevas miradas. Acto artístico- cultural, reunirá música, literatura y actividades para niños. Se llevará a cabo en Plaza Brasil en la Comuna de Santiago Centro a partir de las 14 y hasta las 18 horas.
Luego nos trasladamos en MicroMemorias al ex frontis del Colegio Latinoamericano de Integración.

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EX FRONTIS COLEGIO LATINOAMERICANO (Los Leones con El Vergel)En el corazón de la memoria: Acto artístico cultural en El Vergel con Av. Los Leones desde las 19:00 horas. En este lugar, donde fueron secuestrados los Manueles presentaremos el proyecto de memorial en su homenaje, y la propuesta de declaratoria de sitio histórico de la esquina donde se les vio vivos por última vez. El día terminará con una velatón por la memoria, aproximadamente a las 20 horas.
Esta actividad pretende llevar a la ciudadanía toda, muy especialmente a las nuevas generaciones, el recuerdo de la injusticia, pero también del aporte de seres humanos que entregaron todo por un mundo mejor. En este homenaje cabemos todos y todas, y lo haremos no desde la tristeza de la pérdida, sino desde la inspiración que nos genera el recuerdo de los Manueles y don Santiago para continuar, con esperanza, alegría y creatividad, dando ahora nuestro aporte por una sociedad más justa, equitativa y feliz. Solo así creemos que la vida le habrá ganado al exterminio.



LOS ESPERAMOS A TODAS/TODOS

CIUDADELEFANTE

PARTICIPA Y ADHIERE : Movimiento Nueva Izquierda y Cultura en Movimiento.
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EN RECUERDO DE PARADA, GUERRERO Y NATTINO

AGMER y su visión sobre el conflicto: gobierno vs. campo

(AW) La Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), que nuclea a los docentes de la provincia de Entre Ríos, dieron a conocer en una gacetilla de prensa, en donde analizan el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y los trabajadores rurales.

MODELO DE PAÍS EN DEBATE
Que ningún oportunista terrateniente o político se confunda.
Esta es una opinión política desde los trabajadores que tenemos mucho que decir y hacer.
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En nuestra Argentina, la protesta del campo pone en debate el modelo de acumulación. El cómo, para qué y para quiénes. El mismo debate social se está realizando en el país Oriental con el tema de los monocultivos de la forestación de pinos y eucaliptos.
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La POLÍTICA DE ESTADO SOJERA fue alentada y promocionada por el Gobierno Nacional. Es más, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se ha transformado en un apéndice asesor de las multinacionales de granos y agroquímicos como Cargill, Monsanto…, que además recibe financiamiento de estas empresas. Los puertos son privados y manejados por las multinacionales.
Las consecuencias están a la vista en el sufrimiento de cientos de miles de trabajadores rurales sin tierra, expulsados desde los ´70, que pasaron a engrosar los bolsones de pobreza urbana.
La concentración de la tierra entre latifundios, terratenientes nacionales y extranjeros y, a esto hay que agregar, los pools de siembra, no se detiene y se han quedado con superganancias. No crean mano de obra y la poca que generan lo hacen explotando y negreando a los peones.
El gobierno no tiene ninguna política de control a los intermediarios –matarifes, frigoríficos, acopiadores de granos, industrias lácteas, cadenas internacionales de supermercados…-, que son los verdaderos formadores de precios.
Tal es la voracidad, que hoy la pampa húmeda, y no sólo ella, se ha convertido en un desierto verde sin diversidad biológica, sin montes, sin agua potable, sin tierra… El saqueo es comparable e inclusive mayor que el que produjeron los Ingleses con el quebracho en el norte argentino, con la Forestal. Hacia dónde va el planeta con los herbicidas, pesticidas, insecticidas, fertilizantes sólidos y líquidos, con los agroquímicos en general...?
Las provincias “federales” han resignado sus autonomías y toda la historia de lucha de los pueblos ante la voracidad del gobierno central liberal. Más de $ 70.000 millones de pesos no coparticipables manejados discrecionalmente y si dar explicaciones a nadie por el Poder Ejecutivo Nacional. (entre ellas las retenciones agropecuarias y el impuesto más regresivo que existe, el IVA).
Reducir la actividad a los agronegocios favorece la concentración del capital y arruina a los pequeños productores.
La estructura impositiva es regresiva y se centra en gravar el consumo y la producción, pero no la ganancia.
La política de retenciones a la producción agropecuaria es socialmente justificable, si se la integra a una política progresiva, que alivie a los que menos tienen y grave a los más ricos.
Este modelo neodesarrollista, de saqueo y contaminación, reproduce nuevas formas de colonización y genocidio.
Como un primer paso de acuerdo proponemos que graven con las nuevas retenciones a los pools de siembra, los grandes latifundios y los grupos empresarios de los agronegocios y esto sirva para que no desaparezcan los pequeños y medianos productores. Que esos fondos preparen un proyecto que evite la concentración de la tierra y la extranjerización, con soberanía alimentaria. Las exportaciones que no queden más en manos de las grandes corporaciones trasnacionales.
La agricultura familiar sostenible, pequeña y mediana, genera trabajo y puede alimentar al mundo. Los alimentos no pueden ser objetos de ganancias ilimitadas. La biodiversidad es una riqueza para los pueblos y este gobierno no duda en vender las tierras de la patagonia, con sus recursos naturales y peor aún, con sus dueños originarios que son despojados de sus derechos y obligados a vivir en “reservas”.
Aquí ponemos en discusión la tenencia, la concentración y el uso de la tierra. El pueblo trabajador entra en el debate sobre el destino de las retenciones del superávit y reservas para resolver las necesidades populares.
Luchamos por la distribución, con salarios dignos, viviendas para todos, infraestructura, caminos, hospitales, escuelas…
Exigimos la justa distribución y socialización de las riquezas que garantice tierra, trabajo y soberanía alimentaria para todo el pueblo basado en el protagonismo popular en defensa de nuestros recursos naturales tal como lo hemos puesto en debate en la Asamblea Pedagógica 2004 y en el Primer Encuentro Latinoamericano de Educadores Populares por la Alfabetización en el 2005.
Estamos frente al desafío de reformar la Ley Provincial de Educación y, como educadores y trabajadores, queremos invitarlos a sumar aportes que permitan desarrollar la reflexión crítica y trazar propuestas superadoras, en el marco de una participación real que sea garantía de la democracia.
La docencia entrerriana asume el desafío de ser protagonista, junto a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, tomando decisiones que impliquen el cambio real de la política educativa.
Las transformaciones sociales exigen cambios profundos, las demandas sociales exigen resignificar el rol de la política y de lo público; en este sentido, es necesario tomar conciencia de los problemas del sistema social, estimular la participación popular y promover políticas integrales que den respuestas concretas. Este es un aporte de los educadores entrerrianos y la escuela pública que intenta brindar herramientas para el debate para un modelo de país con sustentabilidad donde quepamos todos

Secretaría Organización AGMER-CDC
AGMER Seccional Paraná
Agrupación Rojo y Negro “1º de Mayo”
Marzo de 2008
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Fuente : AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH