Ecuador, tras la victoria del "sí" en el plebiscito celebrado el domingo, cuenta con una nueva Constitución que aumenta el control estatal sobre la economía y abre las puertas para la reelección del presidente Rafael Correa.
El paso del modelo neoliberal a otro social y solidario, la implementación de un sistema de salud y educación gratuitos, la prohibición para instalar en el país bases militares extranjeras constituyen algunos desafíos inmediatos para el Poder Ejecutivo.
Los ecuatorianos cambiaron la historia, "ese cambio anhelado y siempre traicionado por los sucesivos gobiernos, por aquellos que una cosa decían en campaña y otra hacían una vez que tenían el poder", según dijo hoy el presidente Correa durante un encuentro con la prensa extranjera.
Los cambios aprobados por cerca del 65 por ciento de ecuatorianos, según datos oficiales difundidos por el Tribunal Supremo Electoral, dan pistas sobre los planes a mediano plazo del presidente Correa.
Sus proyectos pasan por un mayor control de la economía -y por tanto de los presupuestos en instituciones clave como el Ejército- para sobrevivir políticamente en un país en el que sus tres predecesores fueron derrocados por revueltas populares.
La Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados amenazaron con renunciar si la nueva legislación era aprobada este domingo, se llamará ahora Corte Nacional, contará con 21 jueces, 10 menos que la actual, y dejará de ser el órgano supremo judicial.
Con la aprobación de la nueva Constitución, la función electoral será ejercida por dos nuevas instancias: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
El primero tendrá a su cargo la organización de los procesos electorales, y el segundo, el juzgamiento de los delitos electorales, como excederse en el límite de gasto de campaña.
En la Constitución todavía vigente ambas actividades estaban a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrado por siete vocales representantes de los partidos políticos más votados.
Tanto el Consejo como el Tribunal estarán integrados por cinco miembros, y serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en un concurso público.
La oposición de derecha dice que la nueva carta magna fue elaborada a la "medida" del presidente Rafael Correa, lo que ha sido negado por el mandatario.
Correa ha recordado que desde antes de alcanzar la presidencia, en 2006, venía pidiendo una nueva Carta Política para "superar el neoliberalismo" y llevar a cabo una "revolución ciudadana para cambiar radicalmente al país en paz y en democracia".
Los opositores creen que la nueva Constitución afectará a la inversión privada en el quinto mayor productor de crudo de Sudamérica, y ampliará desmedidamente las atribuciones y poderes del popular mandatario izquierdista.
Para los aliados de Correa, en cambio, es el cumplimiento de una promesa electoral para la necesaria refundación del país, aquejado por altos niveles de pobreza, corrupción e inequidad social.
Correa, un ex ministro de Economía que llegó al poder en 2007 con un discurso combativo contra las élites corruptas, ya ha inquietado a los inversores extranjeros con su amenaza de anular la deuda externa que sea "ilegítima", y renegociar contratos petroleros y mineros.
Analistas locales creen que el proyecto constitucional golpeará a la economía, que el año pasado sólo creció 1,96 por ciento, y alejar al capital privado de sectores que necesitan urgentemente grandes montos de inversión."
El crecimiento económico sufrirá por una expansión de la economía estatal que dejará de lado al sector privado", dijo Alexandra Vela, analista política.Los defensores del proyecto aseguran que es necesario un Estado más fuerte que ponga fin a los monopolios privados y ayude a redistribuir los recursos, en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.
La oposición asegura que Correa sigue los pasos de su aliado, el mandatario venezolano Hugo Chávez, quien está utilizando sus amplios poderes ejecutivos para nacionalizar sectores clave de la economía de Venezuela, uno de los mayores exportadores mundiales de crudo.La nueva Constitución también incluye la inédita posibilidad de que el presidente pueda optar por una reelección inmediata, convocando elecciones en noviembre de 2008, lo que daría opciones a Correa de permanecer en el cargo hasta 2017.
El presidente Correa dijo a periodistas que con el triunfo del "sí" en el referendo se enterró el pasado de oprobio y se avanza hacia un futuro con equidad, justicia y dignidad.
"La nueva carta magna significa acabar con la desigualdad, la miseria, el neoliberalismo", comentó el mandatario.
"No somos estatistas, pero tampoco somos ingenuos para creer que entre menos Estado mejor; peor en sociedades como las nuestras", argumentó el presidente, partidario del llamado socialismo del siglo XXI.
"No queremos una sociedad de pobres, queremos una sociedad de propietarios, con desarrollo equitativo, una sociedad con mayor justicia, y eso está reflejado en la nueva ley", subrayó.
El texto constitucional que entrará en vigor en febrero de 2009, plantea además la articulación de los tres tipos de economía: privada, social y solidaria, y de Estado.
La Constitución garantiza, asimismo, la creación de un estado de bienestar para que la sociedad tenga asegurada una vida digna, con empleo, salud gratuita, seguridad social para todos los ecuatorianos y educación gratuita hasta la universidad.
Otro artículos establecen el fin del latifundio, del monopolio de la tenencia del suelo y el agua; la igualdad de derecho a la adquisición de tierra e insumos, y la propiedad del Estado sobre los recursos naturales y estratégicos.
Con 444 artículos y 30 disposiciones transitorias, el nuevo texto constitucional busca construir una auténtica democracia en esta nación andina, basada en la igualdad de derechos, el humanitarismo y amplias ventajas sociales.
La nueva Carta Magna, a decir del presidente Rafael Correa, representa el acta de nacimiento de una nueva patria y el comienzo de una era de esperanza.
Entre los elementos novedosos de esta nueva Constitución, sobresale el fin a la polémica presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano, que fue aceptada en 1999 por el entonces presidente ecuatoriano Jamil Mahuad.
Se incluyen artículos relacionados con la defensa de la naturaleza, la seguridad alimentaria, el reconocimiento de la interculturalidad y plurinacionalidad de este territorio, e incorpora como idioma oficial al Quechua.
La nueva legislación elimina el trabajo por horas y todo tipo de explotación laboral, prohíbe la privatización de los recursos naturales, incluida el agua.
En política exterior, prioriza la integración latinoamericana. Además, promueve la equidad social con sistemas de educación y salud gratuitos, así como el derecho de todos a contar con un hábitat y vivienda.El texto constitucional aprobado en el referendo del domingo pone al ser humano como centro de la sociedad, mientras destaca que el mercado no puede ser el amo, sino el siervo.
Fuente : ARGENPRESS
