El parloteo mediático de gobierno, parlamentarios y empresarios intenta erosionar la legitimidad de las crecientes protestas de trabajadores y estudiantes
¿QUIÉN TIENE LA razón? ¿El gobierno o los trabajadores mineros? Desde hace un año –o más- CODELCO mantiene sin solución el conflicto que los trabajadores subcontratados pusieron sobre el tapete de la discusión, lo que deja en duda las supuestas buenas intenciones que bajan desde las oficinas de La Moneda en labios de los voceros oficiales. En asuntos de este género ya es tradición constatar que las instituciones difícilmente funcionan con la rapidez y rigor que utilizan para dirimir problemas originados en sectores donde no están presentes los sindicatos o las federaciones. Por mucho que algunos ministros de estado y subsecretarios intenten desacreditar las causas de las movilizaciones de estudiantes y trabajadores, queda el sabor amargo de haber probado una dosis de irrespeto oficial hacia esos sectores.
Todo acuerdo protocolizado por el gobierno con los trabajadores encuentra una larga demora para su concreción. Ello provoca nuevas huelgas y paros, masivas protestas, enfrentamientos con carabineros, obstrucción del tránsito vehicular, destrozos varios, detenidos y…se vuelve a las explicaciones gubernamentales para retomar conversaciones que nadie sabe quién las interrumpió, ni por qué, pero en esa segunda oportunidad (luego de los desaguisados) las autoridades terminan accediendo en gran medida a lo que solicitaron previamente los trabajadores.
Lo anterior rara vez sucede si quienes protestan son los empresarios, dueños de grandes predios agrofrutícolas, o importantes locatarios de comercio. En ese caso, el gobierno actúa eficazmente y sin dilatar ni cuestionar, pues cualquier documento firmado por las partes, La Moneda lo cumple en extenso dentro de los plazos acordados, reconociéndole validez total.
Es habitual escuchar a representantes del empresariado y del propio gobierno referirse con encendidos discursos respecto a la importancia de la sindicalización en el inacabado juego de ‘gallitos’ entre capital y trabajo. Pero, al igual que en el monólogo del ‘alcalde de la Pérgola de las Flores’, cuando el patrón y el gobernante se encuentran lejos de las cámaras y de la prensa, realizan ingentes esfuerzos para echar por la borda esos compromisos y hacer lo que les conviene más.
Parece que el Poder Ejecutivo hubiese decidido reducir el clásico tripartismo (gobierno-empresa-trabajadores), considerando sólo a los dos primeros componentes, borrando lo que firmara y reiterara en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Resulta en extremo difícil aceptar el argumento oficial que señala que en los conflictos laborales la razón y la justicia nunca están del lado de los trabajadores y, por el contrario, la verdad siempre pertenece al sector más fuerte. El gobierno, en estas materias, ha reiterado su accionar tantas veces que se hace ímprobo creerle todo lo que argumenta.
Los trabajadores contratistas que laboran en el mineral ‘El Teniente’ de CODELCO, han salido por enésima vez a marchar y protestar en la Carretera del Cobre en Rancagua. Afirman sus dirigentes que la empresa estatal no cumplió los acuerdos pactados hace meses. CODELCO, en cambio (y también el vocero de gobierno, Francisco Vidal), asegura que todos los compromisos han sido cumplidos y que aquellos por los cuales protestaban ahora los trabajadores de empresas contratistas nunca fueron protocolizados.
Mueve a la duda y a la incredulidad encontrarse con una administración nacional que nunca se equivoca, nunca falla y que siempre está en posesión de la verdad, pues esa misma administración es la que eludió su responsabilidad en asuntos tan serios como aquellos que obligaron a miles de estudiantes secundarios a salir a las calles en la ‘epopeya de los pingüinos’, y a decenas de miles de personas a protestar por el fallido plan de transporte conocido con el pomposo nombre de ‘Transantiago’. Para el gobierno, unos y otros estaban errados, carecían de elementos de juicio y no poseían “la correcta información”. Sin embargo, tanto el problema estudiantil como el del transporte urbano capitalino siguen presentes.
Sucedió también lo mismo durante el inicio de la “crisis del gas” con Argentina, cuando la entonces ministra Karen Poniachik creyó ingenuamente que con su visita al país vecino –y una que otra pataleta inconducente frente a las autoridades de esa nación- se solucionaría el entuerto, pues La Moneda y los mismos empresarios chilenos culpaban a la Casa Rosada por el alto valor que ese combustible tenía para los usuarios en nuestro país. Sin embargo, bastó con que el ministro de energía de Argentina –Julio de Vido- declarara que los distribuidores chilenos eran quienes cobraban precios exorbitantes y usureros a los consumidores, para que de inmediato el gobierno, los empresarios y la prensa adicta al establishment echaran tierra al asunto y nunca más trataran de culpar a Argentina por la ineficiencia y avaricia que debían soportar estoicamente los usuarios en Chile. Ni menos aún volvieron a responsabilizar del problema al país hermano, pues entendieron que les pueden meter el dedo en la boca a los chilenos, pero no a las autoridades de otras naciones, a las que tampoco pueden hacer callar como acostumbran efectuar en nuestro territorio a través de la prensa que poseen y manejan.
¿QUIÉN TIENE LA razón? ¿El gobierno o los trabajadores mineros? Desde hace un año –o más- CODELCO mantiene sin solución el conflicto que los trabajadores subcontratados pusieron sobre el tapete de la discusión, lo que deja en duda las supuestas buenas intenciones que bajan desde las oficinas de La Moneda en labios de los voceros oficiales. En asuntos de este género ya es tradición constatar que las instituciones difícilmente funcionan con la rapidez y rigor que utilizan para dirimir problemas originados en sectores donde no están presentes los sindicatos o las federaciones. Por mucho que algunos ministros de estado y subsecretarios intenten desacreditar las causas de las movilizaciones de estudiantes y trabajadores, queda el sabor amargo de haber probado una dosis de irrespeto oficial hacia esos sectores.
Todo acuerdo protocolizado por el gobierno con los trabajadores encuentra una larga demora para su concreción. Ello provoca nuevas huelgas y paros, masivas protestas, enfrentamientos con carabineros, obstrucción del tránsito vehicular, destrozos varios, detenidos y…se vuelve a las explicaciones gubernamentales para retomar conversaciones que nadie sabe quién las interrumpió, ni por qué, pero en esa segunda oportunidad (luego de los desaguisados) las autoridades terminan accediendo en gran medida a lo que solicitaron previamente los trabajadores.
Lo anterior rara vez sucede si quienes protestan son los empresarios, dueños de grandes predios agrofrutícolas, o importantes locatarios de comercio. En ese caso, el gobierno actúa eficazmente y sin dilatar ni cuestionar, pues cualquier documento firmado por las partes, La Moneda lo cumple en extenso dentro de los plazos acordados, reconociéndole validez total.
Es habitual escuchar a representantes del empresariado y del propio gobierno referirse con encendidos discursos respecto a la importancia de la sindicalización en el inacabado juego de ‘gallitos’ entre capital y trabajo. Pero, al igual que en el monólogo del ‘alcalde de la Pérgola de las Flores’, cuando el patrón y el gobernante se encuentran lejos de las cámaras y de la prensa, realizan ingentes esfuerzos para echar por la borda esos compromisos y hacer lo que les conviene más.
Parece que el Poder Ejecutivo hubiese decidido reducir el clásico tripartismo (gobierno-empresa-trabajadores), considerando sólo a los dos primeros componentes, borrando lo que firmara y reiterara en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Resulta en extremo difícil aceptar el argumento oficial que señala que en los conflictos laborales la razón y la justicia nunca están del lado de los trabajadores y, por el contrario, la verdad siempre pertenece al sector más fuerte. El gobierno, en estas materias, ha reiterado su accionar tantas veces que se hace ímprobo creerle todo lo que argumenta.
Los trabajadores contratistas que laboran en el mineral ‘El Teniente’ de CODELCO, han salido por enésima vez a marchar y protestar en la Carretera del Cobre en Rancagua. Afirman sus dirigentes que la empresa estatal no cumplió los acuerdos pactados hace meses. CODELCO, en cambio (y también el vocero de gobierno, Francisco Vidal), asegura que todos los compromisos han sido cumplidos y que aquellos por los cuales protestaban ahora los trabajadores de empresas contratistas nunca fueron protocolizados.
Mueve a la duda y a la incredulidad encontrarse con una administración nacional que nunca se equivoca, nunca falla y que siempre está en posesión de la verdad, pues esa misma administración es la que eludió su responsabilidad en asuntos tan serios como aquellos que obligaron a miles de estudiantes secundarios a salir a las calles en la ‘epopeya de los pingüinos’, y a decenas de miles de personas a protestar por el fallido plan de transporte conocido con el pomposo nombre de ‘Transantiago’. Para el gobierno, unos y otros estaban errados, carecían de elementos de juicio y no poseían “la correcta información”. Sin embargo, tanto el problema estudiantil como el del transporte urbano capitalino siguen presentes.
Sucedió también lo mismo durante el inicio de la “crisis del gas” con Argentina, cuando la entonces ministra Karen Poniachik creyó ingenuamente que con su visita al país vecino –y una que otra pataleta inconducente frente a las autoridades de esa nación- se solucionaría el entuerto, pues La Moneda y los mismos empresarios chilenos culpaban a la Casa Rosada por el alto valor que ese combustible tenía para los usuarios en nuestro país. Sin embargo, bastó con que el ministro de energía de Argentina –Julio de Vido- declarara que los distribuidores chilenos eran quienes cobraban precios exorbitantes y usureros a los consumidores, para que de inmediato el gobierno, los empresarios y la prensa adicta al establishment echaran tierra al asunto y nunca más trataran de culpar a Argentina por la ineficiencia y avaricia que debían soportar estoicamente los usuarios en Chile. Ni menos aún volvieron a responsabilizar del problema al país hermano, pues entendieron que les pueden meter el dedo en la boca a los chilenos, pero no a las autoridades de otras naciones, a las que tampoco pueden hacer callar como acostumbran efectuar en nuestro territorio a través de la prensa que poseen y manejan.
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¿Y LA OPOSICIÓN, ES CONFIABLE?
¿Y LA OPOSICIÓN, ES CONFIABLE?
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Cuando hablamos de ‘la oposición’, nos referimos a la derecha política, vale decir, a la gente de la UDI, de RN y algunos de los ex-díscolos concertacionistas que decidieron mostrar finalmente su verdadera tendencia pro empresarial. Este sector exhibe una característica no declarada, pero tampoco desmentida. Sus componentes consideran a los trabajadores como elementos desechables, molestos pero necesarios para el enriquecimiento de las arcas fiscales. Por lo tanto, a los obreros, campesinos, jornaleros, empleados, pobladores y estudiantes, los miran como si fuesen seres ubicados un punto más abajo de la especie humana (la cual, obviamente, está compuesta por ellos –los patrones- y por sus redes sociales). Por eso es posible explicarse que aquellos derechistas se atrevan a manifestar que aman la democracia, que la defienden y luchan por ella, aunque cambian rápidamente el discurso y el talante no bien se les recuerda que hace muy pocos años apoyaron abiertamente a una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos…precisamente; de ese mismo pueblo que dicen defender y apoyar.
¿Cómo creerle, por ejemplo, a Andrés Allamand en sus habituales tertulias políticas televisivas y radiales, si él –un día martes 11 de septiembre de 1973- se ubicó en la ventana de un segundo piso, frente a la entrada de la empresa Chile Films, y junto a ‘caballerosos amigos’ disparó a mansalva contra desarmados e inocentes trabajadores que deseaban salir del lugar para dirigirse a sus casas? ¿Cómo creerle a Hernán Larraín, quien durante todo el tiempo de dictadura se enorgulleció públicamente por colaborar con los jerarcas de Colonia Dignidad y, muy especialmente, con el pederasta y asesino llamado Paul Schäffer? ¿Cómo creerle a un Ricardo Claro, dueño del canal televisivo Mega, si en 1973 puso a disposición de la Armada algunas de sus naves de la empresa Sudamericana de Vapores, para que en ellas los uniformados torturaran y asesinaran chilenos?
¿Cómo creerles a varios dirigentes derechistas que inventaron y pusieron en práctica, apoyados por las bayonetas, el más explotador y miserable sistema de pensiones en desmedro de los trabajadores? Imposible confiar políticamente en el apellido Piñera, ya que uno de los componentes de esa familia fue el instigador, creador y propugnador del actual código del trabajo que tiene por los suelos a la sindicalización, y desmedró la principal tarea de los gremios profesionales en beneficio exclusivo, claro está, de los dueños del capital. ¿Cómo creer en el ‘patriotismo’ que expresan los derechistas, si ellos han vendido Chile al mejor postor y ya nada pertenece al fisco ni al estado? Esos ultramontanos serían completamente felices si junto a la tierra, el agua, el bosque y los minerales, pudieran vender también a quienes habitan allí.
Quizá no tenga nada que ver esto que escribiré a continuación, pero un médico veterinario me aseguró que el chacal es el único mamífero que jamás cambia sus hábitos. Así, entre mentirosos y chacales, los trabajadores deben desarrollar su labor y su vida. ¿A quién creerle, finalmente, cuando se produce el conflicto?
¿Cómo creerle, por ejemplo, a Andrés Allamand en sus habituales tertulias políticas televisivas y radiales, si él –un día martes 11 de septiembre de 1973- se ubicó en la ventana de un segundo piso, frente a la entrada de la empresa Chile Films, y junto a ‘caballerosos amigos’ disparó a mansalva contra desarmados e inocentes trabajadores que deseaban salir del lugar para dirigirse a sus casas? ¿Cómo creerle a Hernán Larraín, quien durante todo el tiempo de dictadura se enorgulleció públicamente por colaborar con los jerarcas de Colonia Dignidad y, muy especialmente, con el pederasta y asesino llamado Paul Schäffer? ¿Cómo creerle a un Ricardo Claro, dueño del canal televisivo Mega, si en 1973 puso a disposición de la Armada algunas de sus naves de la empresa Sudamericana de Vapores, para que en ellas los uniformados torturaran y asesinaran chilenos?
¿Cómo creerles a varios dirigentes derechistas que inventaron y pusieron en práctica, apoyados por las bayonetas, el más explotador y miserable sistema de pensiones en desmedro de los trabajadores? Imposible confiar políticamente en el apellido Piñera, ya que uno de los componentes de esa familia fue el instigador, creador y propugnador del actual código del trabajo que tiene por los suelos a la sindicalización, y desmedró la principal tarea de los gremios profesionales en beneficio exclusivo, claro está, de los dueños del capital. ¿Cómo creer en el ‘patriotismo’ que expresan los derechistas, si ellos han vendido Chile al mejor postor y ya nada pertenece al fisco ni al estado? Esos ultramontanos serían completamente felices si junto a la tierra, el agua, el bosque y los minerales, pudieran vender también a quienes habitan allí.
Quizá no tenga nada que ver esto que escribiré a continuación, pero un médico veterinario me aseguró que el chacal es el único mamífero que jamás cambia sus hábitos. Así, entre mentirosos y chacales, los trabajadores deben desarrollar su labor y su vida. ¿A quién creerle, finalmente, cuando se produce el conflicto?
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Fuente : El GRAN VALPARAISO
