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ECUADOR: Caso Aisalia: Homicidio intencional sería el primer delito encontrado

El Defensor del Pueblo ecuatoriano, Claudio Mueckay, informó sobre las acciones que lleva adelante en el caso del ecuatoriano Franklin Aisalia. Una primera fue haber reunido al Consejo Andino de Defensores del Pueblo para rechazar la incursión militar colombiana en Ecuador y donde se declaró que dicha acción contravino los principios y regulaciones que garantizan los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida; además se afirma que se violaron derechos humanos y que existen agravantes que ya quedan evidenciados y que podrían constituir lo que se denominan delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra si acaso se consideren así. Ahora si investiga si el caso del ecuatoriano se enmarca en esos delitos.
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En ese sentido los familiares de Franklin Aisalia, el supuesto cerrajero que fue abatido en ese bombardeo colombiano del 1 de marzo podrían acoger las recomendaciones y conclusiones del informe que desplegará la investigación de los agravantes de esa incursión y demandar al estado colombiano ante organismos internacionales de derechos humanos.
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En Ecuavisa, Claudio Mueckay explicó que hay que diferenciar lo que ya se ha hecho con lo que van a hacer y están haciendo en el caso de Franklin Aisalia; así, una vez ocurrida la incursión militar colombiana, dijo haber convocado a todos los defensores del pueblo del área andina para que en el contexto de lo que es el organismo que integran, es decir el Consejo Andino de Defensores del Pueblo, se revise y analice esa situación y se emitió la “Declaración de Quito”.
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“En esa declaración rechazamos y condenamos la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano pero lo más importante es que declaramos que esa incursión contravino los principios y regulaciones que garantizan los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida”. Dicha declaración no fue suscrita por el Defensor del Pueblo de Colombia, quien se abstuvo. “Consta, se reconoce y afirma que se violaron derechos humanos y que existen agravantes que ya quedan evidenciados que podrían constituir lo que se denominan delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra si acaso se consideran así” dijo Mueckay.
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Los agravantes que ahora se investigan que se haya dado el caso de ajusticiamiento a personas, es decir que hayan sido ultimadas totalmente indefensas y ese puede ser el caso de Aisalia pero la investigación de ese caso recién ha iniciado.
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El Defensor del Pueblo dijo que pedirá acceso a los informes de autopsia elaborado en Colombia: “no puedo decir si lo creo o no, pero estamos encomendados por el Consejo Andino a investigar todas las circunstancias que han rodeado a estas afectaciones a los derechos humanos y que nuestras conclusiones tendremos que enviarlas a los organismos de derechos internacionales”. No descartó que se pida en Ecuador un nuevo examen de autopsia si así lo requieren los familiares del ecuatoriano. “Son opciones por las que debemos estar preparados para asegurar que estos hechos queden absolutamente investigados y que se establezcan hasta los límites que llegaron esa violación de los derechos humanos”.
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Consultado sobre el delito que se estaría tipificando en este caso dijo: “No le puedo garantizar ni asegurar categóricamente que delito se ha cometido, recién estamos iniciando la investigación. Tengo que diferenciar lo que ya está evidenciado, que se ha cometido una violación de derechos humanos, ese es un delito, ahora cabe investigar los agravantes que pueden haberse suscitado y eso es parte de la investigación. Lo hemos declarado, existe la violación de derechos humanos y consecuentemente un delito contra la vida, si revisamos exclusivamente a través del sistema mundial penal, es un delito es un delito de homicidio intencional”.
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La investigación culminará con una declaración, recomendaciones y señalando responsables, posteriormente los familiares si se sienten -como deben sentirse- afectados por esa muerte, y consecuentemente la responsabilidad por la violación de derechos humanos conduciría a una reclamación a través de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, ellos pueden excitar todas las acciones, “y nuestras recomendaciones y conclusiones servirán de base para sustentar cualquiera de las acciones que ellos legítimamente puedan iniciar en contra del Estado colombiano”, precisó.
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Explicó que para la jurisdicción de Derechos Humanos no interesa la condición de la persona, si fuese guerrillero o no, sino la circunstancia del “cometimiento” de la violación de los derechos humanos.
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Las conclusiones tendrán que hacerlas llegar al Consejo Andino de Defensores del Pueblo, a la Federación Iberoamericana del Ombudsman y a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, empezando por la Comisión Interamericana de DDHH.
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“En materia de derechos humanos las penas están celadas solamente para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la pena está sujeta a la acción que se quiera iniciar, si se descubriere que existe delitos de lesa humanidad la pena está señalada en los instrumentos internacionales”.
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Finalmente dijo que conocen de un nuevo caso, que sería del supuesto farmacéutico ecuatoriano victimado en Colombia, acusado también de guerrillero, cuya información acaba de llegar a la Defensoría y que deberá ser materia de otra investigación.
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