(AW). En Chile el Gobierno de Michelle Bachelet continúa con su política represiva contra los mapuches. El 3 de enero fue asesinado el joven Matías Catrileo Quezada cuando participaba de la recuperación de un territorio mapuche. En tanto, más de veinte presos políticos de esta comunidad siguen encarcelados, bajo cargos de una Ley Antiterrorista dictada en la dictadura pinochetista. Una nota de Luis Zarranz, del colectivo “Jaque al rey”.
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Buenos Aires, 14 de enero de 2008 (Especial “Jaque al rey”). Cuando Michelle Bachelet alcanzó la presidencia de Chile muchos sectores progresistas y de izquierda –en toda América Latina- expresaron su alegría y su beneplácito porque, según ellos, “comenzaba una nueva etapa” en el país trasandino. Poco tiempo después, luego de las primeras represiones a estudiantes y trabajadores, el gobierno de la Presidenta daba sobrados motivos para argumentar que más que una “nueva etapa”, su gestión sería la continuidad de sus antecesores.
Presos de sus palabras y quizá de sus conciencias, no todos los sectores del progresismo latinoamericano y de la izquierda continental condenaron aún esta política represiva, ni han levantado su voz para denunciar el estado de persecución en el que viven luchadores sociales y sobre todo, las comunidades aborígenes.
El Gobierno de Bachelet está implementando una verdadera persecución contra el pueblo mapuche. El pasado 3 de enero fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quezada, de 22 años, cuando participaba de la recuperación de un territorio mapuche. Además, más de veinte mapuches están encarcelados acusados de “terrorismo” y más de cien fueron condenados y “gozan” de libertad condicional. Los “delitos” que estos mapuches cometieron fue recuperar las tierras que, por derecho ancestral, le corresponden.
Para denunciar estas arbitrariedades, Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Héctor Llaitul Carrillanca y Juan Millalén Milla, todos presos mapuches, se vieron obligados a iniciar una huelga de hambre extensísima con el objetivo de que se conozca su situación. Sin embargo, el Gobierno sigue mirando para otro lado.
Actualmente Patricia Troncoso Robles lleva 92 días de huelga de hambre –el resto tuvo que abandonar la medida por el delicado estado de salud que presentaban-, recientemente fue internada y ya ha perdido más de 20 kilos. Decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, aún en perjuicio de su propia salud, con el objetivo de que se sepa qué es lo que verdaderamente ocurre en Chile, sigue siendo desoída por las autoridades.
La muy progresista Michelle Bachelet no atiende a los familiares, no escucha sus reclamos, no responde las cartas de los movimientos de solidaridad internacional y, para peor, continúa con su política de persecución. Cualquiera que viaje a Chile y se ponga en contacto con las comunidades mapuches en resistencia, es víctima, luego, de intimidaciones por parte de los Carabineros, práctica que es moneda corriente para los chilenos movilizados en oposición a la implementación de esta política.
Los presos políticos mapuches fueron juzgados bajo la “Ley Antiterrorista” sancionada por el dictador Augusto Pinochet, y aún puesta en práctica para perseguir a quien intentan recuperar lo que les corresponde.
El delito de recuperar lo propio
Presos de sus palabras y quizá de sus conciencias, no todos los sectores del progresismo latinoamericano y de la izquierda continental condenaron aún esta política represiva, ni han levantado su voz para denunciar el estado de persecución en el que viven luchadores sociales y sobre todo, las comunidades aborígenes.
El Gobierno de Bachelet está implementando una verdadera persecución contra el pueblo mapuche. El pasado 3 de enero fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quezada, de 22 años, cuando participaba de la recuperación de un territorio mapuche. Además, más de veinte mapuches están encarcelados acusados de “terrorismo” y más de cien fueron condenados y “gozan” de libertad condicional. Los “delitos” que estos mapuches cometieron fue recuperar las tierras que, por derecho ancestral, le corresponden.
Para denunciar estas arbitrariedades, Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Héctor Llaitul Carrillanca y Juan Millalén Milla, todos presos mapuches, se vieron obligados a iniciar una huelga de hambre extensísima con el objetivo de que se conozca su situación. Sin embargo, el Gobierno sigue mirando para otro lado.
Actualmente Patricia Troncoso Robles lleva 92 días de huelga de hambre –el resto tuvo que abandonar la medida por el delicado estado de salud que presentaban-, recientemente fue internada y ya ha perdido más de 20 kilos. Decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, aún en perjuicio de su propia salud, con el objetivo de que se sepa qué es lo que verdaderamente ocurre en Chile, sigue siendo desoída por las autoridades.
La muy progresista Michelle Bachelet no atiende a los familiares, no escucha sus reclamos, no responde las cartas de los movimientos de solidaridad internacional y, para peor, continúa con su política de persecución. Cualquiera que viaje a Chile y se ponga en contacto con las comunidades mapuches en resistencia, es víctima, luego, de intimidaciones por parte de los Carabineros, práctica que es moneda corriente para los chilenos movilizados en oposición a la implementación de esta política.
Los presos políticos mapuches fueron juzgados bajo la “Ley Antiterrorista” sancionada por el dictador Augusto Pinochet, y aún puesta en práctica para perseguir a quien intentan recuperar lo que les corresponde.
El delito de recuperar lo propio
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Un millón de mapuches viven en el Estado chileno. El 32% de ellos es pobre, cifra que desciende al 20% cuando se mide el nivel de pobreza del resto de la población. En 1997 los mapuches se organizaron en la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko-Malleko (CAM).
En tiempos de Pinochet, Chile comienza la aventura neoliberal –hoy es uno de los países más desiguales del continente- que coloca a Chile en la economía globalizada como abastecedor de materias primas (metales, energía, celulosa, etc.). Esta política de Estado -seguida por los gobiernos de la Concertación (coalición entre socialistas y demócrata-cristianos)- que se desarrolla masivamente en los ‘70 conlleva la implantación de los monocultivos industriales de pino y eucalipto que producen celulosa para abastecer a Japón, Europa, Canadá y Estados Unidos.
La extensión del monocultivo, que contó con el apoyo y subvenciones estatales, fue mermando la extensión de las tierras bajo control mapuche. Esta estrategia económica ha creado un grupo de poder formado por las forestales (Mininco, Valterra y Arauco), latifundistas, el aparato del Estado, partidos políticos y la energética Endesa -cuyas únicas inversiones efectuadas en ese Estado son las referidas a la construcción de las represas de Ralko, en el Bio Bio, zona mapuche-.
Desde la constitución de la CAM, los mapuches han recuperado 18 mil hectáreas, que les corresponden por mandato histórico pese a la negación del Estado y los latifundistas. Esa es la cuestión de fondo que eriza los pelos a los sectores de poder.
La Coordinadora de Comunidades en Conflicto apuesta por la recuperación de tierras para gobernarlas de forma autónoma, a la par de ir recuperando una serie de elementos económicos, espirituales y políticos en base a los que reconstruir la nación mapuche.
El Estado chileno, contrario a la voluntad de los aborígenes, persigue y encarcela a los mapuches, aplicándoles la Ley de Asociación Ilícita, sancionada durante la dictadura asesina de Pinochet. Así los mapuches son enjuiciados por pertenecer a organizaciones terroristas o por participar en protestas y sabotajes organizados por fantasmagóricos grupos armados auspiciados por la CAM.
Con ese falso argumento permanecen detenidos –algunos ya con condena- más de veinte mapuches que, en realidad, participaron de la recuperación de territorios que les son propios y les fueron usurpados. Así queda claro para quien, y cómo, juega el Estado chileno y el Gobierno de Bachelet
La Ley de Asociación Terrorista chilena fue sancionada en 1984, para perseguir a los opositores a Pinochet, y es muy similar a la “Ley Antiterrorista” argentina, sancionada el año pasado durante la gestión de Néstor Kirchner. Según ambos textos, esa figura legal puede aplicarse contra cualquier individuo que sea parte de una organización y “atente contra los intereses nacionales”.
Esta legislación no busca argumentos legales para que un Estado defienda sus intereses sino un instrumento para perseguir a movimientos sociales y sectores movilizados. Por eso, diversos organismos internacionales de Derechos Humanos insisten en su derogación, tanto en Argentina como en Chile.
La ley de la selva
Un millón de mapuches viven en el Estado chileno. El 32% de ellos es pobre, cifra que desciende al 20% cuando se mide el nivel de pobreza del resto de la población. En 1997 los mapuches se organizaron en la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko-Malleko (CAM).
En tiempos de Pinochet, Chile comienza la aventura neoliberal –hoy es uno de los países más desiguales del continente- que coloca a Chile en la economía globalizada como abastecedor de materias primas (metales, energía, celulosa, etc.). Esta política de Estado -seguida por los gobiernos de la Concertación (coalición entre socialistas y demócrata-cristianos)- que se desarrolla masivamente en los ‘70 conlleva la implantación de los monocultivos industriales de pino y eucalipto que producen celulosa para abastecer a Japón, Europa, Canadá y Estados Unidos.
La extensión del monocultivo, que contó con el apoyo y subvenciones estatales, fue mermando la extensión de las tierras bajo control mapuche. Esta estrategia económica ha creado un grupo de poder formado por las forestales (Mininco, Valterra y Arauco), latifundistas, el aparato del Estado, partidos políticos y la energética Endesa -cuyas únicas inversiones efectuadas en ese Estado son las referidas a la construcción de las represas de Ralko, en el Bio Bio, zona mapuche-.
Desde la constitución de la CAM, los mapuches han recuperado 18 mil hectáreas, que les corresponden por mandato histórico pese a la negación del Estado y los latifundistas. Esa es la cuestión de fondo que eriza los pelos a los sectores de poder.
La Coordinadora de Comunidades en Conflicto apuesta por la recuperación de tierras para gobernarlas de forma autónoma, a la par de ir recuperando una serie de elementos económicos, espirituales y políticos en base a los que reconstruir la nación mapuche.
El Estado chileno, contrario a la voluntad de los aborígenes, persigue y encarcela a los mapuches, aplicándoles la Ley de Asociación Ilícita, sancionada durante la dictadura asesina de Pinochet. Así los mapuches son enjuiciados por pertenecer a organizaciones terroristas o por participar en protestas y sabotajes organizados por fantasmagóricos grupos armados auspiciados por la CAM.
Con ese falso argumento permanecen detenidos –algunos ya con condena- más de veinte mapuches que, en realidad, participaron de la recuperación de territorios que les son propios y les fueron usurpados. Así queda claro para quien, y cómo, juega el Estado chileno y el Gobierno de Bachelet
La Ley de Asociación Terrorista chilena fue sancionada en 1984, para perseguir a los opositores a Pinochet, y es muy similar a la “Ley Antiterrorista” argentina, sancionada el año pasado durante la gestión de Néstor Kirchner. Según ambos textos, esa figura legal puede aplicarse contra cualquier individuo que sea parte de una organización y “atente contra los intereses nacionales”.
Esta legislación no busca argumentos legales para que un Estado defienda sus intereses sino un instrumento para perseguir a movimientos sociales y sectores movilizados. Por eso, diversos organismos internacionales de Derechos Humanos insisten en su derogación, tanto en Argentina como en Chile.
La ley de la selva
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Patricia Troncoso, por ejemplo, purga una condena de 10 años, acusada por “Incendio Terrorista” del fundo Poluco Pidenco (ocurrido en diciembre de 2001) cuando en realidad su comunidad pretendía recuperar sus tierras.
La mayoría de los presos ya condenados fueron juzgados bajo esta figura legal, por un gobierno cuya máxima representante fue también víctima de la dictadura. Ahora, en el Poder, la propia Bachelet se vale de las leyes pinochetistas para perseguir a los mapuches, aunque por la presión internacional sostuvo que dejará de aplicarlas.
En los procesos judiciales contra los mapuches fueron denunciadas múltiples irregularidades. Hallar pruebas para condenar a los indígenas, se sabe, no fue problema. La fiscalía –el Estado- utilizó testigos “sin rostros” (encapuchados) y con voz distorsionada o, en otros casos directamente, el testimonio de un sólo testigo, conseguido mediante tortura. Esto bastó para que los comuneros fueran encarcelados en celdas sin luz natural, sin derecho a patio y gimnasia, en pésimas condiciones.
Frente a esta clara violación de los derechos más elementales, y tratándose no de casos aislados, sino de políticas de Estados, los presos mapuches comenzaron una huelga de hambre líquida para denunciar las irregularidades de las que son objeto, las persecuciones y la injusticia reinante. Troncoso, se ha dicho, se encuentra en estos momentos internada en el Hospital de Angol producto del deterioro de su salud a causa del no consumo de alimentos. La "Chepa", como la llaman, es la única de los condenados por este caso que mantiene la huelga de hambre, luego que la semana pasada pusiera fin a esta medida Héctor Llaitul, fundador y uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El Gobierno de Bachelet no se inquieta frente a esta situación, pese a los varios pedidos de organismos de derechos humanos que le exigen su intervención.
Pseudodemocracia
Patricia Troncoso, por ejemplo, purga una condena de 10 años, acusada por “Incendio Terrorista” del fundo Poluco Pidenco (ocurrido en diciembre de 2001) cuando en realidad su comunidad pretendía recuperar sus tierras.
La mayoría de los presos ya condenados fueron juzgados bajo esta figura legal, por un gobierno cuya máxima representante fue también víctima de la dictadura. Ahora, en el Poder, la propia Bachelet se vale de las leyes pinochetistas para perseguir a los mapuches, aunque por la presión internacional sostuvo que dejará de aplicarlas.
En los procesos judiciales contra los mapuches fueron denunciadas múltiples irregularidades. Hallar pruebas para condenar a los indígenas, se sabe, no fue problema. La fiscalía –el Estado- utilizó testigos “sin rostros” (encapuchados) y con voz distorsionada o, en otros casos directamente, el testimonio de un sólo testigo, conseguido mediante tortura. Esto bastó para que los comuneros fueran encarcelados en celdas sin luz natural, sin derecho a patio y gimnasia, en pésimas condiciones.
Frente a esta clara violación de los derechos más elementales, y tratándose no de casos aislados, sino de políticas de Estados, los presos mapuches comenzaron una huelga de hambre líquida para denunciar las irregularidades de las que son objeto, las persecuciones y la injusticia reinante. Troncoso, se ha dicho, se encuentra en estos momentos internada en el Hospital de Angol producto del deterioro de su salud a causa del no consumo de alimentos. La "Chepa", como la llaman, es la única de los condenados por este caso que mantiene la huelga de hambre, luego que la semana pasada pusiera fin a esta medida Héctor Llaitul, fundador y uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El Gobierno de Bachelet no se inquieta frente a esta situación, pese a los varios pedidos de organismos de derechos humanos que le exigen su intervención.
Pseudodemocracia
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Como si no bastara con la persecución judicial, el Estado chileno utiliza también la fuerza para atacar y perseguir a los mapuches. El 3 de enero, Matías Catrileo Quezada, estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad de La Frontera de Temuco, de 22 años, fue asesinado por la espalda por ráfagas de ametralladoras que disparó la policía chilena. El hecho ocurrió en Vilcún, 18 kilómetro al nororiente de Temuco, donde familias Mapuche habían ocupado el fundo del colono Jorge Luchsinger, territorio que las comunidades mapuche reclaman como "propiedad comunitaria histórica".
Matías Catrileo Quezada es el tercer mártir mapuche en tiempos de "pseudademocracia" que fallece en un enfrentamiento con la policía. El primer caso corresponde al joven Alex Lemun Saavedra de 17 años, quien murió en la comuna de Ercilla el 12 de noviembre del 2003 a consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano abierto por herida de bala disparada por de Carabineros de Chile. En el segundo caso, el 28 de agosto de 2006, Luis Mariman Levío - sargento de carabineros- mató al el peñi Lonko (Hermano Jefe o cabeza de su comunidad mapuche) Juan Collihuín Catril de 71 años, hecho ocurrido en un allanamiento policial en su casa.
“Nosotros intentábamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al fundo e inmediatamente Carabineros comenzó a disparar con sus subametralladoras... en eso nosotros comenzamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matias", señaló a una radio chilena el comunero Rodrigo.
Es asesinato del joven mapuche es un ejemplo más de la persecución y la criminalización del reclamo aborigen. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado chileno, el lunes pasado, informar acerca del estado de salud en el que se encuentra Patricia Troncoso Robles. “La situación por la que atraviesan los presos políticos mapuche a trascendido el ámbito local y se ha instalado en una instancia internacional que compromete al Estado chileno a tomar cartas en el asunto.”, dice un fragmento del petitorio.
La CIDH acogió además una demanda realizada días atrás por la aplicación errónea de la Ley Antiterrorista por la cual cumplen actualmente condena Troncoso y otros comuneros mapuches.
“Aquí hay un problema del cual el gobierno no quiere hacerse cargo y que es la injusticia y arbitrariedad con la que ha actuado, aplicando ilegítimamente una ley que no se relaciona con los hechos o delitos cometidos (…) ningún prisionero condenado por La Ley Antiterrorista cometió un hecho terrorista, nunca han afectados bienes jurídicos que sean trascendentes y que se encuentren amparados o protegidos por dicha Ley”, enfatizó el abogado de la FASIC, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Alberto Espinoza, quien había presentado el pido a la Comisión.
En tanto, el Gobierno dispuso que sea la Justicia militar la que investigue el asesinato de Matías Catrileo. Al respecto Espinoza indicó que “no tiene ninguna justificación desde el punto de vista del derecho internacional y las normas del debido proceso, que un crimen cometido en la persona de un civil tenga que ser investigado por el tribunal castrense, lo que significa que el crimen quedaré en la impunidad”.
Un racismo institucionalizado
Como si no bastara con la persecución judicial, el Estado chileno utiliza también la fuerza para atacar y perseguir a los mapuches. El 3 de enero, Matías Catrileo Quezada, estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad de La Frontera de Temuco, de 22 años, fue asesinado por la espalda por ráfagas de ametralladoras que disparó la policía chilena. El hecho ocurrió en Vilcún, 18 kilómetro al nororiente de Temuco, donde familias Mapuche habían ocupado el fundo del colono Jorge Luchsinger, territorio que las comunidades mapuche reclaman como "propiedad comunitaria histórica".
Matías Catrileo Quezada es el tercer mártir mapuche en tiempos de "pseudademocracia" que fallece en un enfrentamiento con la policía. El primer caso corresponde al joven Alex Lemun Saavedra de 17 años, quien murió en la comuna de Ercilla el 12 de noviembre del 2003 a consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano abierto por herida de bala disparada por de Carabineros de Chile. En el segundo caso, el 28 de agosto de 2006, Luis Mariman Levío - sargento de carabineros- mató al el peñi Lonko (Hermano Jefe o cabeza de su comunidad mapuche) Juan Collihuín Catril de 71 años, hecho ocurrido en un allanamiento policial en su casa.
“Nosotros intentábamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al fundo e inmediatamente Carabineros comenzó a disparar con sus subametralladoras... en eso nosotros comenzamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matias", señaló a una radio chilena el comunero Rodrigo.
Es asesinato del joven mapuche es un ejemplo más de la persecución y la criminalización del reclamo aborigen. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado chileno, el lunes pasado, informar acerca del estado de salud en el que se encuentra Patricia Troncoso Robles. “La situación por la que atraviesan los presos políticos mapuche a trascendido el ámbito local y se ha instalado en una instancia internacional que compromete al Estado chileno a tomar cartas en el asunto.”, dice un fragmento del petitorio.
La CIDH acogió además una demanda realizada días atrás por la aplicación errónea de la Ley Antiterrorista por la cual cumplen actualmente condena Troncoso y otros comuneros mapuches.
“Aquí hay un problema del cual el gobierno no quiere hacerse cargo y que es la injusticia y arbitrariedad con la que ha actuado, aplicando ilegítimamente una ley que no se relaciona con los hechos o delitos cometidos (…) ningún prisionero condenado por La Ley Antiterrorista cometió un hecho terrorista, nunca han afectados bienes jurídicos que sean trascendentes y que se encuentren amparados o protegidos por dicha Ley”, enfatizó el abogado de la FASIC, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Alberto Espinoza, quien había presentado el pido a la Comisión.
En tanto, el Gobierno dispuso que sea la Justicia militar la que investigue el asesinato de Matías Catrileo. Al respecto Espinoza indicó que “no tiene ninguna justificación desde el punto de vista del derecho internacional y las normas del debido proceso, que un crimen cometido en la persona de un civil tenga que ser investigado por el tribunal castrense, lo que significa que el crimen quedaré en la impunidad”.
Un racismo institucionalizado
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El Estado chileno no reconoce siquiera la calidad de “Prisioneros Políticos” de todos los presos Mapuches. Según éstos, tampoco atiende sus reclamos centrales: Garantizar la seguridad física y psicológica de todos los Presos Políticos Mapuches y de sus familiares y amigos que los visitan; el reconocimiento por el Estado chileno de las autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche; el Cese inmediato de los malos tratos y hostigamiento de parte de gendarmería y el Tratamiento médico adecuado a todos los presos Mapuche.
La violación de los Derechos Humanos, cabe aclarar, no se corresponde solamente desde que Bachelet ocupa la Presidencia, sino que es una práctica ya institucionalizadaza que la Presidenta continúa. Por ejemplo, el Estado Chileno no ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblo Indígenas, instrumento legal que debería servir para poner fin a los atropellos empresarios y estatal.
En un comunicado difundido recientemente los Mapuches sostienen: “En Chile la población de origen mapuche registra los índices más altos de pobreza, de mortalidad infantil, cesantía, y analfabetismo. El promedio de vida es 10 años menos que el resto de la población. Los mayores índices de miseria de todo el país, se registran en las comunidades mapuches vecinas a las plantaciones forestales y en áreas de acuicultura. En contraste vale de considerar que la actividad económica que se desarrolla en el territorio ancestral mapuche genera la riqueza de los más ricos entre los ricos de Chile, de esta forma concluimos que estamos frente a un "estado racista" que aplica una política de " marginación institucionalizada".
Luego se sostiene: “Este nuevo ‘estado racista’ chileno con políticas de ‘marginación institucionalizada’ consolidó su estructura el 10 de enero de 2006 cuando la Cámara de Diputados de la Republica de Chile, aprobó por unanimidad que ‘La Nación chilena es una e indivisible’. Será así, pero de aquellos territorios legalmente adquiridos y no de sus territorios ilegalmente apropiados, como es el caso del territorio mapuche al sur del río Bio-Bio, territorio por la cual dieron su vida los actuales mártires Matías Catrileo Quezada (22 años), Alex Lemus Saavedra (17 años) y Juan Collihuín Catril, Lonko de 71 años de edad”.
Sin embargo, pocos son los que se preocupan, y mucho menos los que se ocupan, por la grave situación que atraviesan los Mapuches, para quienes el vínculo con la tierra es sagrado.
Para Bachelet y el progresismo latinoamericano que se llena la boca porque un indígena gobierna Bolivia pero se enmudece por los indígenas perseguidos en el Sur del Mundo, es un tema menor.
Tan menor como su estatura moral.
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El Estado chileno no reconoce siquiera la calidad de “Prisioneros Políticos” de todos los presos Mapuches. Según éstos, tampoco atiende sus reclamos centrales: Garantizar la seguridad física y psicológica de todos los Presos Políticos Mapuches y de sus familiares y amigos que los visitan; el reconocimiento por el Estado chileno de las autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche; el Cese inmediato de los malos tratos y hostigamiento de parte de gendarmería y el Tratamiento médico adecuado a todos los presos Mapuche.
La violación de los Derechos Humanos, cabe aclarar, no se corresponde solamente desde que Bachelet ocupa la Presidencia, sino que es una práctica ya institucionalizadaza que la Presidenta continúa. Por ejemplo, el Estado Chileno no ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblo Indígenas, instrumento legal que debería servir para poner fin a los atropellos empresarios y estatal.
En un comunicado difundido recientemente los Mapuches sostienen: “En Chile la población de origen mapuche registra los índices más altos de pobreza, de mortalidad infantil, cesantía, y analfabetismo. El promedio de vida es 10 años menos que el resto de la población. Los mayores índices de miseria de todo el país, se registran en las comunidades mapuches vecinas a las plantaciones forestales y en áreas de acuicultura. En contraste vale de considerar que la actividad económica que se desarrolla en el territorio ancestral mapuche genera la riqueza de los más ricos entre los ricos de Chile, de esta forma concluimos que estamos frente a un "estado racista" que aplica una política de " marginación institucionalizada".
Luego se sostiene: “Este nuevo ‘estado racista’ chileno con políticas de ‘marginación institucionalizada’ consolidó su estructura el 10 de enero de 2006 cuando la Cámara de Diputados de la Republica de Chile, aprobó por unanimidad que ‘La Nación chilena es una e indivisible’. Será así, pero de aquellos territorios legalmente adquiridos y no de sus territorios ilegalmente apropiados, como es el caso del territorio mapuche al sur del río Bio-Bio, territorio por la cual dieron su vida los actuales mártires Matías Catrileo Quezada (22 años), Alex Lemus Saavedra (17 años) y Juan Collihuín Catril, Lonko de 71 años de edad”.
Sin embargo, pocos son los que se preocupan, y mucho menos los que se ocupan, por la grave situación que atraviesan los Mapuches, para quienes el vínculo con la tierra es sagrado.
Para Bachelet y el progresismo latinoamericano que se llena la boca porque un indígena gobierna Bolivia pero se enmudece por los indígenas perseguidos en el Sur del Mundo, es un tema menor.
Tan menor como su estatura moral.
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Fuente : AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
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“LOS VIOLENTOS NO SON LOS QUE LUCHAN, SINO LOS QUE NOS OPRIMEN
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.”
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.”
