Cerca de cinco mil indígenas ecuatorianos llegaron hoy (22) a la capital, Quito, en una marcha pacífica para pedir el cierre del Congreso Nacional y apoyar la realización de la Asamblea Constituyente, prevista para comenzar sus trabajos en noviembre. Salidos de varias localidades del país, los indígenas se concentraron en el parque Arbolito -centro norte de la capital- y a la tarde llegaron al Ágora de la Casa de la Cultura. Con carteles, banderas, los manifestantes llegaron a la Av. 12 de Octubre y Patria para entregar las propuestas de los pueblos indígenas para la nueva Constitución en las manos de la Ministra Manuela Gallegos, designada por el presidente Rafael Correa, y de los integrantes de la Asamblea Constituyente, electos el último día 30 de septiembre.
Los indígenas piden el cierre del Congreso porque entienden que los diputados no representan a los ecuatorianos, y sí a intereses mezquinos de determinados grupos de poder. Para Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) -organización convocante de la marcha-, éste es un momento histórico para los pueblos y nacionalidades indígenas y para los sectores sociales del país, que posibilita un cambio estructural, político y jurídico del Estado ecuatoriano.
"Desde 1830 hasta hoy, hubo 19 Constituciones, sin participación plena de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y se constituyeron los poderes del Estado como un resultado del régimen colonial dominante", agregó Macas. Según el comunicado del presidente de la CONAIE, los indígenas estarán presentes durante todo el desarrollo de la Constituyente para que sus ideas no sean defraudadas por los miembros de la Asamblea, que optan por reformas mínimas de acuerdo con intereses personales, económicos y politiqueros, en vez de cambios profundos.
El pedido de cierre del Congreso coincide con la sugerencia del Gobierno de que los actuales diputados deben dejar sus mandatos, pues en las elecciones para la Constituyente, el pueblo expresó en las urnas su deseo de construir un mandato en el que él participe y promueva cambios en las estructuras del país. El Congreso podría ser substituido por una comisión encargada de tratar las leyes.
Mientras tanto, críticos de la sugerencia gubernamental dijeron que parte de los diputados se niegan a ser despedidos a causa de la futura Constituyente, pues fueron democráticamente electos y no hay elemento legal, ni constitucional que valide el cierre del Congreso. La actual formación del Congreso ya no tiene más poder para amenazar al Gobierno, fortalecido por su gran apoyo popular, y difícilmente tendrá el poder de interferir en la elaboración de la nueva Constitución.
La CONAIE exige que la nueva Constitución construya un Estado diferente, plurinacional, para erradicar el regionalismo, la exclusión, el autoritarismo y la represión que acostumbra imponer. El Estado Plurinacional debe trabajar por una democracia participativa y directa, como un nuevo modelo de organización política para la descolonización de las naciones y pueblos y para hacer realidad el principio de un país con unidad en la diversidad y con igualdad social.
Por eso, la Confederación exige además "la nacionalización de los hidrocarburos, la no privatización de los recursos naturales, biodiversidad, el agua, ni los terrenos vacíos porque son bienes de la humanidad. Queremos que la educación sea laica y gratuita; salud para todos y gratuita, vivienda digna, justicia para todos. Objetivamos un nuevo modelo económico soberano, ecológico, organizado, igualitario, solidario, comunitario y social, para garantizar el presente y las futuras generaciones".
